En junta de acreedores realizada en el Colegio Médico del Perú se eligió al Ministerio de Energía y Minas que presida la junta, mientras que la vicepresidencia recaerá en manos de los acreedores laborales.
Aproximadamente hace unos 20 años la empresa minera nacional Centromin, que se dedicaba a la extracción, concentración, fundición y refinación de minerales, fue privatizada y muchos de sus activos malbarateados por el gobierno de Fujimori.
Lo que quedó de esa empresa es hoy Doe Run Perú, que se encuentra desde hace seis años en un proceso de liquidación de sus dos principales activos que todavía le quedan: el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.
Hace casi un mes la subasta de estos dos activos fue declarada desierta pues los estándares ambientales exigidos por el gobierno generaron el desincentivo de los posibles postores.
Tras el bloqueo de carreteras, y la fuerte presión social en La Oroya se logró que el Estado intervenga a través de mesas de diálogo y de una modificación en la Ley Concursal, ampliando los plazos de las liquidaciones en marcha en el país.
Así, se impidió no solo el cese colectivo de los trabajadores de DRP sino también ganar hasta el 28 de febrero del 2016 para realizar la subasta.
En tanto que para el próximo lunes 28 de setiembre o jueves 1 de octubre se elegirá al nuevo liquidador, luego de la fallida labor de Profit, que hasta donde informó, cobró US$ 650 mil libre de impuestos en los 13 meses que estuvo en el cargo.
Diversas fuentes del sector señalan que con la junta encabezada por el Estado debe asegurarse en primer lugar la continuidad operativa de La Oroya, así como los puestos de trabajo y la venta de los activos. Actualmente el complejo metalúrgico refina hasta 19 productos listos para salir al mercado.
En ese sentido, se ha calculado que en los últimos 6 años el Estado ha perdido por la paralización, fundamentalmente de la unidad de cobre, alrededor de US$ 4 mil millones, debido a que hubo el valor agregado en los concentrados vendidos.
Se estima que por este motivo en los próximos seis meses, hasta la realización de la subasta, la pérdida para el estado sumará US$ 250 millones.
Con una subasta y un concurso en camino, ¿qué tendría que pasar para que los activos de DRP sean atractivos?
Luis Castillo, representante de los acreedores laborales, aseveró que es urgente el reinicio de operaciones de la planta de plomo y zinc. «Una empresa laborando, produciendo, elevaría su valor. Si vamos como estamos, al final será una caída eminente», apuntó.
Por ello planteó la reactivación de los circuitos de plomo y zinc que demandaría una inversión en los próximos seis meses de US$ 100 millones, lo cual señala puede hacerse a través de la venta de ferritas (estructuras cristalinas del hierro).
«Lo que se trata es que los circuitos están listos para trabajar, lo que nos falta es material. Si se va a la celeridad del caso en menos de dos meses ya están trabajando los circuitos», explicó Castillo.
En el aspecto medioambiental ha sido público que el Estado no flexibilizará los ECAS (estándar de calidad ambiental del aire) que exige sean 80 por día. No obstante, existe aún resistencia en este tema pues se pudo conocer que aún con La Oroya inoperante ya se generan 25 ECAS.
«Los problemas están identificados, el gobierno a través de los ministerios correspondientes debe buscar las soluciones y relucir su posición política y técnica, necesariamente», emplazó Castillo.