El presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó ejecutar una penalidad de US$262 millones contra el consorcio a cargo del Gasoducto Sur Peruano (GSP), conformado por la brasileña Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, por incumplir con el contrato de concesión. La penalidad se da luego que el consorcio no lograra el cierre financiero de proyecto, que tenía como fecha límite hoy 23 de enero. Cabe señalar que, el gobierno peruano ya había anunciado que rescindiría el contrato ante la falta de respaldo financiero para la obra.
Los bancos que iban a financiar el gasoducto condicionaron el desembolso del dinero para financiar el GSP a la salida de Odebrecht del proyecto. Esto debido a los escándalos de corrupción en los que está involucrada la firma y que llevaron a su ex presidente Marcelo Odebrecht a prisión en junio del 2015.
En las últimas semanas, la firma brasileña estaba en negociaciones para la venta de su participación, tanto en la operación como en la construcción del Gasoducto Sur Peruano al fondo canadiense Brookfield. Sin embargo, la venta se habría complicado luego de que en diciembre Odebrecht confesara ante la justicia de Estados Unidos el esquema de sobornos que utilizó para ganar obras de infraestructura en más de una decena de países. Sólo en el Perú, la empresa reconoció que pagó sobornos por US$ 29 millones a funcionarios entre el 2005 y el 2014.