Disponer de una abundante biomasa de anchoveta no significa que se puede hacer de dicho recurso un alimento para resolver de inmediato los problemas de desnutrición y seguridad alimentaria del país. El problema es más complejo e integral puesto que:
- no existe hábito de consumo de anchoveta;
- no existe infraestructura adecuada ni suficiente para transformarla y permitir su almacenamiento y distribución;
- la normatividad de la extracción y venta proveniente de las embarcaciones que capturan para CHD no es precisamente la mejor;
- no existen mecanismos que permitan una adecuada competencia entre la industria harinera y la de consumo humano directo.
Si los precios que paga la industria harinera superan a los que paga la industria de CHD, ¿cómo podemos esperar que los pescadores dediquen sus capturas a este último? El incentivo para pescar anchoveta es el precio que paga la harina y que supera al que paga el consumo humano directo. Esto es una realidad y ningún discurso lo cambiará, sino la acción concertada con verdadera voluntad de hacerle un espacio al consumo interno.
La inútil confrontación con la industria reductora no resuelve nada. Más allá de la constante pelea y exposición de motivos por los cuales es buena o mala, las cosas siguen igual. Lo inteligente es que la industria de CHI y CHD y los pescadores artesanales concerten con el Estado en temas básicos como una adecuada normatividad para la extracción destinada al CHD. La labor del Estado debería ser la creación del hábito de consumo de anchoveta través de acciones que creen la demanda.
La industria no tiene estímulos para atender un mercado nacional que de inicio será pequeño e incipiente, pero sí puede estimular la creación de micro empresas que puedan ir atendiendo una demanda cada vez más creciente. Este podría ser un mecanismo innovador si se diseñan mecanismos que permitan que estos mercados convivan sin entorpecerse. Con el tiempo, las fuerzas del mercado actuarán solas y la oferta y la demanda encontrarán su equilibrio.
Mientras no se aborden estos temas colaterales, hablar de la anchoveta como solución para los problemas alimentarios nacionales no es nada más que un declaración lírica de buenos deseos.
Es importante tomar en cuenta que aunque el Perú tiene una participación importante en la explotación de recursos pesqueros a nivel mundial, esta no aporta los beneficios que merece la población peruana. El hecho es que, en nuestro país, una parte considerable de la población continúa con bajos niveles de consumo y de acceso a los alimentos, con la consecuente persistencia de niveles de desnutrición.
La desnutrición que azota a la sociedad peruana de menores ingresos poco o nada tiene que ver con la escasez de productos alimenticios, porque no tenemos escasez. Lo que tenemos es una inadecuada distribución de los recursos.
Es éticamente imposible negar esta realidad, menos aún ante una de las características más espeluznantes de la estructura pesquera nacional: la coexistencia del hambre con la exportación de nuestros productos alimenticios hidrobiológicos.
No se debe llevar la extracción de nuestros recursos pesqueros a límites peligrosos para la sostenibilidad del ecosistema, para atender necesidades de alimentos para otros países mientras nuestra población sufre carencias poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones venideras. No se puede abandonar el mercado interno con el argumento de que la exportación trae divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador) mientras simultáneamente la industria no contribuye con tributos apropiados; no prioriza la alimentación nacional y no protege la fuente de alimentos marinos para las futuras generaciones de peruanos. Pero la discusión no aporta soluciones, mientras que la conversación en búsqueda de mecanismos que creen un nuevo escenario ofrece esperanzas.
La desnutrición crónica es un indicador que tiene frenado al país y que mientras no se resuelva no permitirá el crecimiento nacional con equidad e inclusión.
Nuestra única posibilidad está en nuestras generaciones futuras, y ello lleva implícita la mejor alimentación posible. Generaciones bien alimentadas, bien educadas y bien entrenadas son nuestra única posibilidad y defensa contra la incertidumbre del futuro de la economía globalizada. El modelo vigente se da el lujo de exportar sus recursos naturales alimentarios mientras posee un índice de desnutrición del 24% como promedio nacional.
Se debería ponerse especial énfasis en la educación e información para las poblaciones costeras y comunidades de pescadores a fin de que estas tomen conciencia de la realidad de la pesquería. De esta forma constituirán un defensa natural de su propio ecosistema y contra la desinformación proveniente de grupos o de medios que por desconocimiento o interés siempre pretenden anteponer intereses de parte sobre el interés colectivo.
Se impone enfocar una nueva estrategia que consiste en llevar la actividad pesquera artesanal a convertirse en un negocio más rentable con el objeto de que oriente su producción y distribución hacia el interior del país.
El Estado no está interviniendo nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo de este ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas. Pero la regulación pesquera vigente no considera aspectos de inclusión social ni de alimentación nacional. Aparentemente la tesis peruana es que la seguridad alimentaria no necesita (y por tanto no existe) una política pesquera, pues el mercado se hace o debería hacerse cargo de ella.
En ese orden de cosas, la exportación es más atractiva por los beneficios tributarios que se derivan de ella para los exportadores. El mercado interno carece de similares estímulos. Por tanto es posible hablar de subsidios a la exportación pesquera en perjuicio de la atención al mercado interno.
Si bien es cierto que la selección de mercados es una decisión empresarial, también es cierto que el Estado no debería ser ajeno al tema, ya que la alimentación popular es una obligación de la cual no puede evadirse.
CONCLUSIONES
Básicamente se tiene entonces, que:
- El sector privado no tiene incentivos para invertir en la distribución y venta de productos ícticos en el mercado interno ni mucho menos para atender a las zonas alto andinas.
- Se justifica entonces la existencia de programas sociales que cubran ese espacio desatendido por la empresa privada, en razón de la necesidad descrita.
- Sin embargo los programas sociales no pueden ser permanentes, por lo cual se requieren proyectos que pretendan: crear el hábito de consumo (léase mercado), crear y articular la oferta a través de la generación de negocios (microempresas) en la zona costera cercana; y estimular la aparición de pequeños negocios que adquieran esos productos en la zona objetivo. El resultado complementario es la aparición de un negocio que pone en contacto al consumidor con el productor, el cual al rentabilizarse no solo genera empleo y riqueza sino que le da sostenibilidad al abastecimiento de productos ícticos desligando poco a poco la intervención del Estado en esta actividad.
