En nuestra entrega de la semana pasada analizamos la tendencia del déficit fiscal para lo que queda de este año y sus perspectivas para los próximos años. Nuestra conclusión fue que debido a los gastos asignados para la reconstrucción y la insistencia del Gobierno en continuar con la nueva Refinería de Talara y las obras de los Panamericanos, el déficit fiscal, como porcentaje del PBI, este año cerraría en 3,2% y el próximo en más de 3,5% para luego iniciar un descenso progresivo hasta llegar al 1% en el 2021. En esta entrega analizamos el impacto que estos déficits tendrán en el nivel de la deuda pública.
En el Gráfico 1 presentamos la evolución de la deuda pública y sus componentes para el periodo 2006-2017. Observamos que la deuda total después de mantenerse en un nivel estacionario de 100.000 millones de soles para el periodo 2006-2014, inició un crecimiento exponencial que la ha llevado casi a duplicarse en los últimos tres años.
También ha habido una recomposición de los componentes de la deuda total. La deuda pública interna (con agentes financieros locales) ha superado a la deuda externa proveniente de agentes internacionales. Esta recomposición no es necesariamente buena. Un aumento de la deuda interna genera una disminución de la disponibilidad de crédito para el sector privado (“crowdingout”).
Mientras que la deuda pública total se mantuvo estacionaria (2006 – 2014), el crecimiento del PBI permitió que la deuda pública como porcentaje del PBI cayera de niveles de 32% en el año 2007 a 18,5% en el 2014 (ver Gráfico 2). Esta significativa reducción del porcentaje de la deuda con relación al PBI nos permitió ganar el grado de inversión que atrajo más capitales de inversión y menores tasas de interés para los nuevos créditos.
A partir del 2015, como resultado de los crecientes déficits fiscales y la desaceleración del crecimiento del PBI, la deuda como porcentaje del PBI ha comenzado a crecer exponencialmente y ya estamos alrededor del 26% del PBI. Este nivel es el que teníamos ocho años atrás y se acerca rápidamente al nivel crítico de 30%. Tradicionalmente, países con características similares al Perú, pierden el grado de inversión otorgado por las empresas clasificadoras de riesgo.
¿Qué viene haciendo el MEF para evitar llegar a este nivel crítico? Ha elaborado un marco macroeconómico multianual (MMM) en el que presenta una propuesta de niveles de déficits para los próximos años que buscan limitar el nivel de deuda por debajo del 30% en 2018 y 2019 y luego iniciar un descenso progresivo de la deuda como porcentaje del PBI basado en un crecimiento robusto de la economía hasta el 2021.
Adicionalmente, el MEF para evitar el incremento de la deuda ha echado mano al Fondo de Estabilización Fiscal para financiar gran parte de las obras de reconstrucción. ¿Por qué el uso del Fondo de Estabilización no incrementa la deuda pública? La razón es que el indicador del stock de deuda pública, al que hacemos mención en los párrafos anteriores, no toma en cuenta los depósitos que el sector público tiene en el sistema financiero. Por ejemplo, no toma en cuenta los depósitos de EsSalud en el sistema bancario, o los depósitos de la ONP en el Banco Central. Tampoco toma en cuenta los depósitos de los diferentes fondos como Mivivienda, Fondo Consolidado de Reservas, etc., y en general los depósitos en el sistema financiero del sector público.
Si restamos del valor de la deuda pública el valor de los depósitos del sector público en el sistema financiero obtenemos el indicador que se conoce como Deuda Pública Neta. En el Gráfico 3 presentamos la evolución de este indicador. Observamos que también la deuda pública neta ha venido creciendo exponencialmente a partir del 2015. De hecho, en el 2014, la deuda pública neta fue casi nula, es decir los depósitos del sector público en el sistema financiero eran casi iguales a la deuda pública total. Esto nos indica que el incremento de la deuda pública total ha podido ser peor si es que el Gobierno no hubiera echado mano de los diferentes fondos a su disposición.
La situación se agrava porque el incremento de la deuda pública se ha dado para financiar gasto público de poca calidad o bajo impacto productivo. El incremento del gasto corriente ha sido orientado a programas sociales de transferencia de dinero que buscan aliviar la pobreza en forma temporal, pero han tenido poco impacto en la elevación de la productividad. Por otro lado, los gastos en inversión han sido para realizar obras sobrevaloradas y de dudosa rentabilidad económica. Los casos de corrupción han sido recurrentes en las obras de inversión pública.
Como resultado de su poca calidad y bajo impacto productivo, el aumento del gasto público no se ha traducido en una reactivación económica agravando la relación deuda – PBI. Lamentablemente, ni el presupuesto para el 2018 ni el MMM nos ofrecen reformas que permitan avizorar un cambio significativo. La nueva primera ministra ha prometido una “revolución social” y ha pedido facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria. Este pedido es un reconocimiento del fracaso de la política tributaria iniciada por el ministro Thorne.
La política tributaria no se puede improvisar. Requiere de un amplio debate que involucre al sector público y al privado. El otorgamiento de facultades extraordinarias en materia tributaria sería un gran error. No podemos volver a la época de los “paquetazos”. Lo que se necesita es que el Poder Ejecutivo y el Congreso definan una agenda legislativa que contemple las grandes reformas necesarias para el crecimiento económico (laboral, electoral, judicial, tributaria y seguridad social). Sin estas reformas no habrá un verdadero crecimiento económico y en estas circunstancias marcharemos inexorablemente a la pérdida del grado de inversión.
