Es indudable que a mayor inversión mayor crecimiento económico, mayor empleo y menor pobreza. Sin embargo, con el mismo nivel de inversión se pueden obtener diferentes tasas de crecimiento económico, diferentes niveles de empleo y diferentes niveles de pobreza. Los resultados dependerán de la calidad de la inversión y de la distribución de la inversión entre los diferentes sectores económicos.
A pesar de que los montos de inversión pueden ser similares, no es lo mismo invertir 4,100 millones de soles en la organización de los Juegos Panamericanos que invertir la misma cantidad en la construcción de una red de canales de irrigación a lo largo de la sierra peruana. No es lo mismo invertir 5,400 millones de dólares en la modernización de la refinería de Talara que invertir similar cantidad en una red de ferrocarriles. En esta entrega analizamos las opciones que tenemos a nuestra disposición para optimizar la inversión pública y privada.
En el Gráfico 1 se presenta la evolución de la inversión bruta fija en soles constantes del 2007 para el periodo 1970 – 2016. Observamos que los montos de inversión en el sector minero históricamente han sido superiores a los montos de inversión en el sector agricultura. La mayor inversión en minería se ha traducido en una tasa de crecimiento del sector minero mayor que la del sector agricultura. Sin embargo, debido a que el sector minero demanda menos mano de obra por dólar invertido que el sector agricultura, a pesar de que el PBI ha registrado elevadas tasas de crecimiento, el desempleo y el subempleo han continuado siendo un problema para la economía peruana.
¿Por qué se invierte más en minería que en agricultura? La razón es que los proyectos mineros tienen una mayor rentabilidad (mayor tasa interna de retorno, TIR) que los proyectos agrícolas. El problema con la metodología TIR para evaluar proyectos de inversión es que solo toma en cuenta el rendimiento financiero y no toma en cuenta otros factores como la generación de empleo formal o el impacto en el ambiente.
En las últimas décadas, los proyectos de inversión (especialmente los mineros) requieren de un análisis de impacto ambiental. De esta manera se incorpora a la evaluación del proyecto los gastos asociados a la mitigación del impacto ambiental. Este es un caso en que la regulación cumple un rol positivo (siempre que las exigencias ambientales no sean excesivas y paralicen los proyectos).
Sin embargo, en el caso del empleo formal, el tratamiento es inverso. Se supone que las regulaciones y las políticas públicas deberían incentivar la creación del empleo formal. Las regulaciones introducidas por el gobierno, por el contrario, lo que hacen es aumentar los sobrecostos laborales y desincentivan la creación de empleo formal.
La imposibilidad del despido arbitrario es un claro ejemplo de una regulación que desincentiva la creación de empleo formal. En otros casos, la falta de políticas públicas también contribuye a desincentivar la creación de empleo formal. Es el caso de la industria textil y la de calzado. Estas industrias son grandes generadoras de empleo. Sin embargo, la ausencia de una clara política pública para combatir el contrabando, el “dumping predatorio” y la ausencia de una política tributaria que priorice la creación de empleo formal, hace que las empresas en estos sectores emigren a otros países que ofrezcan mejores condiciones con la consecuente pérdida de empleo.
En el caso del sector agrícola, la baja productividad del trabajador de este sector hace que la inversión se concentre solo en grandes proyectos de exportación de productos agrícolas. Lo que se requiere es aumentar la productividad agrícola mediante proyectos masivos de sembrado y cosecha de agua, red de reservorios y canales de distribución de agua, sistemas de irrigación y uso de semillas y fertilizantes. Estas actividades potenciarán la productividad agrícola y atraerán la inversión, lo que se traducirá en la generación de empleo adecuado formal.
Si no se plantean este tipo de políticas públicas, que son la esencia del planeamiento estratégico, el país está condenado a tener un crecimiento desbalanceado en donde sólo ciertos sectores reciben la inversión mayoritaria. Cuando un gobierno no implementa las reformas necesarias para lograr un crecimiento balanceado y sostenido, se crean las condiciones para el fenómeno económico conocido como “la enfermedad holandesa”, que se produce cuando los precios internacionales de sus productos primarios del país (petróleo, oro, cobre, etc.) son muy favorables. Cuando se da este fenómeno, el país recibe un exceso de divisas extranjeras que motiva una sobrevalorización de la moneda doméstica reduciendo la competitividad de los otros sectores de la economía, especialmente los intensivos en mano de obra, causando un crecimiento desbalanceado de la economía, al no generarse una suficiente cantidad de empleos para una población creciente.
¿Qué debe hacer el gobierno en estos casos? La primera prioridad es aprobar las reformas necesarias para restablecer la competitividad de los sectores afectados (reforma laboral, reforma tributaria, reforma del sistema de pensiones y salud). En segundo lugar, utilizar los excedentes del sector beneficiado (minería) en inversión que aumente la productividad de los otros sectores de la economía que se ven afectados.
Paralelamente el gobierno debe implementar políticas sectoriales orientadas a restablecer y/o fortalecer la libre competencia como son el combate al contrabando, el dumping predatorio, la informalidad y las trabas burocráticas que restan competitividad a las empresas peruanas.
Tanto las reformas estructurales como las políticas públicas deben hacerse dentro del marco de un Planeamiento Estratégico integral que contemple las políticas públicas para cada sector que aseguren el crecimiento balanceado y auto sostenido de la economía. Estas políticas públicas deben traducirse en una agenda legislativa. Todo ello requiere de un trabajo conjunto entre el ejecutivo y el legislativo.
Es muy lamentable que se esté dejando pasar una oportunidad de oro como es la recuperación de los precios de los minerales para aprobar las reformas necesarias para retomar el rumbo del crecimiento sostenido que permita erradicar la pobreza y aumentar el empleo formal.
