El crecimiento del PBI menor a 2% observado en junio último, nos devuelve a la cruda realidad de una economía peruana que padece de una endémica dinámica zigzagueante, donde el albur es el principal factor de las subidas y las bajadas en picada.
Indudablemente que esto revela la falta de una estrategia económica o un exceso del ‘piloto automático’ que encendió tempranamente la gestión Toledo, seguido con menor ímpetu por ‘Alan vuelve’, y luego con un ímpetu desquiciante por parte de Humala y luego por PPK. Gestiones todas ellas que carecieron de afán reformista y que se contentaron con engordar la burocracia y cosechar las ganancias de eficiencia generadas por el programa de estabilización y ajuste estructural lanzado el 8 de agosto de 1990, con ayuda del ciclo alcista de precios de los minerales de exportación.
Si en el trayecto del 2001 al 2013 pudimos crecer aceleradamente, fue gracias a una fuerte inversión minera y el desarrollo de una nueva minería articulada a los demás sectores productivos y respetuosa de las regulaciones ambientales, a diferencia de la vieja minería tipo enclave, desconectada del resto de la economía y reñida con la sostenibilidad del ambiente.
Al año 2013 la minería llegó a generar 200 mil empleos directos y 1 millón 800 mil empleos indirectos, generados por efecto de su demanda de insumos industriales, en una proporción que llega al 15% del PBI manufacturero. La industria metalmecánica pasó a ser uno de los rubros de exportación más dinámicos, al expandir sus envíos al exterior, de US$ 99 millones en 2003 a US$ 532 millones en 2012. Los distritos mineros, que antaño era los más pobres del país, vieron crecer el ingreso personal 50% más que los distritos no mineros.
No obstante, a diferencia del ‘milagro económico de los ‘tigres asiáticos’, el auge de la economía peruana en el período 2001-2013 no nos transformó en una ‘sociedad del conocimiento’ sustentada en un dinamismo industrial y de servicios intensivos en capital humano, con capacidad de tomar la posta de los sectores primarios.
El auge minero no fue aprovechado como palanca para hacer reformas y lograr la transformación competitiva e innovadora de la base productiva del país. Al contrario, en 2013 la manufactura pesó en el PBI global 14,8%, cuando en 1991 pesaba 16,1%, mientras que el sector servicios redujo su participación en el PBI global de 67% a 64%, situándose cerca del promedio mundial (63%), debajo del 75% de los países desarrollados.
La ‘Expomina Perú 2018’, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre, puede ser la gran oportunidad del gobierno de Vizcarra, de mostrar que su compromiso de cambio va más allá del referéndum anunciado, y se proyecta a la realización de las reformas estructurales requeridas para convertir al Perú en una ‘sociedad del conocimiento’, que haga cobrar preminencia a las clases profesionales y técnicas en la distribución ocupacional, y a las funciones de planificación e innovación dentro del Estado.
Aquí en Perú, lamentablemente, lo que sigue primando es el crecimiento mediocre y zigzagueante, la informalidad, los trabajadores independientes sin preparación profesional o técnica, la toma de decisiones con criterios cortoplacistas, la corrupción y la aversión al cambio.
La partitura que hay que seguir son las ‘reformas de segunda generación’, que comprenden una política de simplificación administrativa a fondo, una carrera pública, una justicia ejemplar, una policía ejemplar, un Estado previsor al servicio del ciudadano, la educación para el trabajo y la profundización del mercado de capitales.
A ellas hay que sumarles las ‘reformas de tercera generación’, que comprenden el desarrollo de un sistema de innovación que potencie la investigación y el desarrollo, la transformación digital del Estado y las empresas, el desarrollo de parques tecnológicos, clusters productivos, cadenas de valor competitivas, ciudades inteligentes y las redes de conocimiento e innovación abierta.
A falta de una verdadera política de desarrollo productivo de bienes y servicios, el Perú se ha quedado rezagado en productividad frente a otros países emergentes que sí han tenido una política clara de transformación industrial, competitividad e innovación.
Para emprender estas reformas se requiere generar un excedente económico. Y éste solo puede provenir a corto plazo de la minería. Felizmente, gracias a la recuperación de los precios de los metales desde fines de 2016, la inversión minera creció 17,8% en 2017, acumulando US$ 3.928 millones, y en el primer semestre de 2018 se ha acelerado, creciendo 31,4%. Expansión inversora impulsada por la puesta en marcha de proyectos de ampliación como Shauindo, Quecher Main, Relaves B2, Toromocho, Marcona y Toquepala, que suman alrededor de US$ 4.000 millones.
Si bien recientemente las cotizaciones muestran caídas derivadas del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, todavía andan en un nivel históricamente alto. A mediano plazo sus perspectivas son favorables, gracias a la creciente utilización de vehículos eléctricos.
Debemos aprovechar que el Perú se ha situado como el destino más atractivo para la inversión minera en Latinoamérica, superando a Chile que cayó 28 lugares hasta el puesto 39, en el ranking mundial del Instituto Fraser. Ello gracias a que tenemos el mayor potencial geológico, con altas leyes de extracción, junto a un bajo costo de la energía y laboral.
También constituye una gran oportunidad la posibilidad de desarrollo de la minería del litio y el uranio en Puno, minerales con un potencial productivo enorme y que son muy apreciados por su escasez a nivel mundial. Las reservas estimadas por el trabajo de prospección y muestreo realizado por la empresa Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy Metals, a partir de agosto de 2017 en Macusani (capital de la provincia puneña de Carabaya), permite colegir de que quizás se trate del yacimiento más grande del mundo.
Sin embargo, los frutos de la etapa exploratoria recién se verán después de cinco años. No obstante, desde ya hay que prevenir y planificar, para que en la etapa productiva los ingresos por canon y regalías sean bien utilizados por parte del gobernador regional y los alcaldes, evitando que se repita la corrupción y el despilfarro vistos en esa y otras regiones. De ello depende que la minería sea una verdadera palanca para eliminar la pobreza y generar un proceso de modernización sin precedentes en esa región.
También se requerirá desarrollar un marco normativo idóneo para la explotación de minerales radioactivos, que permita prevenir consecuencias medioambientales en la región, sin frenar el proceso de inversión.
Los conflictos sociales siguen siendo la peor amenaza para la inversión minera, y si no se manejan bien en Puno, el litio y el uranio podrían convertirse en una manzana de la discordia.
En general, hay actualmente alrededor de 60 conflictos socio ambientales en torno a proyectos mineros en todo el país. Falta un rol más proactivo del Estado y más eficaz por parte de las propias empresas mineras, para contribuir a una adecuada comunicación de los beneficios y a la desmitificación de temores infundados respecto al impacto ambiental de los proyectos. Y donde haya temores fundados, habría que buscar soluciones innovadoras que garanticen el respeto del ambiente y la sostenibilidad de otras actividades económicas.
En tal sentido, es fundamental promover una competitividad minera sustentada en la asociatividad, para el aprovechamiento de sinergias y oportunidades de innovación. Así también, la responsabilidad social debe vestirse de pantalones largos, para dar paso a estrategias generadoras de valor, a partir de la articulación entre empresas mineras y entre éstas y los agricultores, empresas turísticas, industrias proveedoras, agentes educativos y startups innovadoras.
Dos son las principales fuentes de riesgo para la minería peruana y, por ende, para la economía peruana en su conjunto. De un lado, la posible desaceleración de China, gran consumidor de materias primas que recientemente presenta ritmos de expansión menores a los esperados en inversión, ventas minoristas y producción industrial, no sólo debido a las tensiones con Estados Unidos, sino también a la implantación de políticas orientadas a frenar el endeudamiento y la contaminación en Beijing.
De otro lado, constituye una amenaza para las perspectivas de los precios de los metales, el que Estados Unidos venga mostrando déficits comerciales enormes, ocasionados por la brecha creciente entre una inversión doméstica en ascenso frente a un ahorro interno aletargado.
Este peligro se acrecienta a raíz de los recortes impositivos implantados a fines de 2017, que vienen empujando el déficit fiscal a picos históricos que en algún momento generarán presiones inflacionarias, que sólo podrían ser paliadas con aumentos de las tasas de interés, que frenarían el crecimiento de la economía norteamericana y eventualmente podrían llevarla a una recesión.
