1.- La reciente discusión sobre la reforma del sistema actual de pensiones ha captado considerable interés tanto por los principios o supuestos y la evidencia empírica utilizados en el análisis, como por las propuestas de reforma planteadas, algunas tan radicales como las de eliminar los sistemas público, ONP, y el de las AFPs, vigentes.
2.- Conceptualmente, el capítulo que sirve de fondo a la presente discusión no es otro que el del consumo y su evolución a lo largo de la vida de las personas, lo que también determina la del ahorro. Al respecto, la literatura económica ortodoxa plantea que los individuos racionales que buscan maximizar la satisfacción proveniente del consumo que realizan a lo largo de toda su vida, actúan de tal manera que automáticamente reservan una parte de sus ingresos corrientes que les permitirá alcanzar un nivel satisfactorio de gastos de consumo, durante los años de retiro.
3.- De ser tal premisa correcta, es evidente que no es necesario coactar al individuo para que ahorre durante sus años de actividad laboral, sino que serían las preferencias inter temporales que posea respecto al consumo, el factor que conduciría a la persona a tomar una determinada decisión, calificada de óptima, sobre su consumo presente, e implícitamente su ahorro, y el consumo que espera alcanzar en el futuro. (1)
4.- Adicionalmente, el modelo ortodoxo asume que las personas poseen el conocimiento y habilidad para colocar sus ahorros en activos diversos que eventualmente generarán los ingresos corrientes necesarios para sostener el consumo en los años de retiro. Dicha labor se facilitaría por el hecho que los mercados financieros son competitivos, donde los rendimientos entre los activos sólo se diferencian por cuestiones de riesgo, tratamientos impositivos, y plazo de maduración de los activos financieros.
5.- Al parecer, tal sería el marco conceptual de algunos analistas que propugnan el cierre de los actuales sistemas de la ONP y AFPs. Es el individuo racional quien está en la mejor de las situaciones para tomar la decisión que prefiera sobre el financiamiento de su consumo en el futuro. Si a este postulado se le agrega la ideología liberal que sostiene que es la persona la única que tiene la autoridad moral para tomar una decisión sobre cómo distribuir su ingreso entre consumo y ahorro, entonces la reforma sobre el cierre de ambos sistemas de pensiones, es lógicamente correcta.
6.- Sin embargo, la evidencia empírica parece no ser coherente con el modelo ortodoxo. En sociedades como la nuestra, de escaso desarrollo y grandes limitaciones, inclusive de bienes básicos, existe una marcada preferencia por el consumo actual sobre el consumo futuro. Esto es, de eliminarse los aportes obligatorios, lo más probables es que tal ingreso, ahora de libre disposición, se dedique totalmente a elevar el gasto de consumo presente y no a la adquisición de activos para sufragar dichos gastos en el futuro. (2)
7.- En este punto los que sostienen posiciones ortodoxas, hacen referencia a la importante acumulación que las personas realizan en la forma de construcciones residenciales, como evidencia que si existe ahorro real aún en los estratos sociales menos favorecidos económicamente que podrían financiar el gasto de consumo de las personas en su etapa de retiro laboral. Pero, aparte de preguntarnos si ello ocurre en todos los casos, inclusive para un porcentaje importante de los mismos, sería apropiado preguntar si el propietario de tal activo – y su familia- estarían dispuestos a venderlo/alquilarlo para sostener su consumo en los años de retiro. Más bien podría asegurarse que dicha acumulación tuvo el propósito básico de asegurar una vivienda a su familia en el presente y en los años futuros, frecuentemente familias extendidas, y no para asegurarse un nivel de consumo adecuado en los años de retiro. Todo ello prescindiendo de los problemas legales y de índole práctico que la informalidad presenta en nuestro país y que no se corregirá en pocos años.
8.- Adicionalmente, la propuesta ortodoxa conlleva un riesgo moral grande, particularmente si se acepta un esquema de pensión universal mínima a cargo del Estado y financiado con impuestos. Los ciudadanos seguramente pensarían que el Estado tiene la obligación de asignar pensiones universales gratuitas y llegarían a la conclusión que reducir el consumo presente no es necesario o urgente, dada la existencia de un Estado paternalista, una de cuyas obligaciones básicas sería la de proveer y asegurar ingresos adecuados a todas las personas en situación de retiro. Se tendría un escenario que pondría en peligro la estabilidad macroeconómica del país, por las presiones que sobre el gasto fiscal ocurrirían, seguramente incentivado por los políticos demagógicos e irresponsables, conducente a situaciones inflacionarias, incrementos impositivos, menores inversiones y prestaciones de servicios públicos en general.
9.- En conclusión, la propuesta ortodoxa y radical que propone la supresión de los actuales sistemas público y de las AFPs, no constituiría una opción viable en la práctica, ni deseable. Más bien abriría una caja de Pandora de consecuencias muy graves para la estabilidad de nuestra sociedad. Esto no significa, por cierto, que el actual sistema sea inmejorable. Específicamente, porque no es flexible frente a las preferencias inter temporales en el consumo, ni tampoco es coherente con el valor de los activos reales y financieros que las personas posean o lleguen a poseer durante el curso de su desempeño laboral.
10.- Tomando como premisa cierta que en nuestra realidad las personas poseen una fuerte preferencia por el consumo presente sobre el futuro, que los niveles de consumo de la mayoría de las personas es reducido en la actualidad y que el sistema político es aún muy imperfecto, resulta necesario en las circunstancias actuales, mantener un sistema de aportes obligatorios, pero bajo nuevos parámetros.
11.- El sistema público debería ser clausurado y liquidado progresivamente hasta su extinción. Ello en aras del equilibrio fiscal fundamentalmente, que tan buenos resultados ha tenido sobre la estabilidad macroeconómica del país. Aún se recuerda los temibles “ajustes” aplicados hace algunos años en cumplimiento de los programas de estabilización, que además de traer costos sociales muy grandes, ponían al país en una situación de dependencia ante los países acreedores y organismos financieros multilaterales. Ello no impide que se mantenga y perfeccione un sistema de ayuda a ciertos segmentos vulnerables de la sociedad.
12.- En cuanto a los aportes de los trabajadores dependientes, se debe permitir que las personas elijan libremente el porcentaje de descuento de sus remuneraciones, que no podría ser menor al que le proporcionaría una renta mínima pre determinada durante los años de retiro. Dicha renta mínima, por ejemplo, podría corresponder a un monto igual al ingreso mínimo vital. Las personas que consideren que una pensión igual al ingreso mínimo vital es muy reducida, tendrán la libertad de escoger, hasta cierto límite, un porcentaje de descuento mayor.
13.- Adicionalmente, si una persona reuniera un fondo suficiente para financiar el monto de la pensión mínima fijada antes de cumplir los 65 años, tendría la opción de solicitar la suspensión o reducción del descuento aplicado, en cualquier momento posterior a dicha ocurrencia, y solicitar se le devuelva, en forma que el reglamento respectivo establezca, parte o el total del monto excedentario que pudiera existir. O una combinación de ambos (reducción del aporte y retiro parcial/total del fondo excedente).
14.- Esta modificación tendría la ventaja de acercar el sistema de pensiones a las preferencias inter temporales en el consumo de los aportantes, pero preservando la estabilidad fiscal, además de asegurar un fondo previsional total por un monto aun importante que continuaría alimentando al sistema financiero.
15.- El objetivo primordial del esquema no sería ya asegurar un nivel de consumo semejante o cercano al gozado durante los años laborales, sino el más modesto de asegurar un ingreso mínimo, que evite la mendicidad y que estimule el ejercicio de la responsabilidad personal. Las personas juzgarán libremente si tal nivel de ingreso es satisfactorio y decidirán si es en su interés el escoger otro nivel pensionario más elevado. Al respecto, el Estado deberá jugar un papel decisivo en las escuelas e instituciones superiores para crear una conciencia previsional entre jóvenes ad portas de ingresar al mercado laboral. En este sentido, las campañas educativas deben enfatizar que es responsabilidad de las personas adecuar sus decisiones de consumo a sus objetivos previsionales.
16.- Podría argumentarse que este nuevo modelo introduciría un elemento de inestabilidad en la bolsa local y en el sistema financiero en general por las ventas masivas de valores que podrían ocurrir en determinados momentos, especialmente al inicio de la aplicación de la reforma sugerida, aunque los retiros podría regularse adecuadamente. Pero es previsible que tal inestabilidad pudieran salvarse permitiendo, y aun estimulando, una mayor diversificación y/o participación de valores calificados, emitidos por entidades financieras del exterior y mediante decisiones de política monetaria apropiadas.
17.- En cuanto a las personas que laboran en forma independiente, se podría utilizar el mismo esquema propuesto, que en esencia plantea la obligatoriedad de los aportes hasta que el fondo individual alcance un monto pre determinado, perdiendo posteriormente dicho carácter, para constituirse en un aporte voluntario.
18.- Finalmente, cabría recordar que los recursos acumulados en los fondos de pensiones privados son de propiedad de cada persona aportante, sobre los que el Estado no tiene injerencia para determinarles un objetivo diferente para el cual fueron establecidos. La experiencia ha enseñado que los políticos que decidieron sobre el empleo de las aportaciones al Seguro Social, estafaron a la ciudadanía, al igual que sus sucesores cuando estos últimos aprobaron devolver los aportes pensionarios mediante Bonos de Reconocimiento por montos insuficientes. Práctica negativa que se repetirá, por cierto, cuando se anuncien las devoluciones por los aportes al FONAVI. La intangibilidad de los fondos de pensiones administrados por las AFPs y cualquier otra entidad financiera autorizada, merece una ratificación constitucional.
Notas.-
(1) Las lecturas básicas relacionadas con las decisiones de consumo pueden encontrarse en los trabajos de Irving Fisher sobre el consumo inter temporal; John M. Keynes y la hipótesis del consumo que depende del ingreso corriente; Franco Modigliani y la hipótesis del ciclo vital; Milton Friedman y la hipótesis de la renta permanente, y Robert Hall y la hipótesis de las expectativas racionales y del paseo aleatorio (random walk) de los gastos de consumo.
(2) El comportamiento de las familias con respecto a las decisiones de ahorro han sido motivo de numerosas investigaciones, pero en realidades diferentes a la nuestra. Por ejemplo, se puede señalar el elaborado para los países de la OCDE por Tim Callen y Christian Thimann: “Empirical Determinants of Household Savings”, IMF Working Papers, 1997. En pocos de ellos se ha encontrado evidencia empírica de un comportamiento maximizador o racional de las personas. También se han elaborado estudios desde una perspectiva psicológica, en la línea de los trabajos de David Kahneman, encontrando que las personas prefieren la “gratificación inmediata a la mediata”, rige una suerte de “miopía temporal”, y que los mismos individuos reconocen que no ahorran lo suficiente para los años de retiro, revelando un comportamiento no plenamente racional.