El modelo actual contempla hacer dinero básicamente. No importa la tendencia política, ni los principios ni la moral, ni las necesidades de los trabajadores o ciudadanos. Lo que cuenta es que el dinero siga fluyendo de acuerdo a las leyes del mercado.
La industria pesquera no podría existir si no hubiese embarcaciones que la provean de recursos hidrobiológicos. Las embarcaciones no podrían existir sin un armador, que es el propietario y quien comercializa las capturas. Pero este último y su embarcación no podrían capturar nada si no hubiese tripulantes, o sea pescadores no embarcados. Constituyen estos últimos, los eslabones más importantes, sin los cuales ni la embarcación ni la industria podrían existir. Por tanto, la remuneración de la tripulación debe obedecer a un justiprecio pactado con su empleador, que es el armador, y de este con su cliente, que es la industria o los mercados. Hay que agregar el factor de riesgo que conlleva la peligrosa actividad de la pesca.
Se les dice a los pescadores embarcados, artesanales, de menor escala y a un sector de la flota industrial de madera, que necesitan que el Estado les proporcione todo tipo de ayuda y subsidios. Se les presenta como instrumento de negociación de precios con la industria y el mercado, apelando a sus necesidades sociales, olvidando que el armador es quien realmente negocia precios.
Es necesario diferenciar claramente al pescador, como tripulante embarcado, bien sea de embarcaciones artesanales o de menor o mayor escala, del armador, que es el propietario de la embarcación. Este es el empresario que vende el producto de la pesca extraída por esa tripulación formada por sus empleados, lo que lo convierte en el empleador.
Al armador se le ha invisibilizado, confundiendo a la opinión pública y a los propios pescadores, al no diferenciar claramente que los pescadores tripulantes son empleados de un armador. Este tiene la obligación, como cualquier otro empleador de cualquier otro sector, de ponerlos en planilla, para que accedan con justicia, a la seguridad social, seguro de riesgo y salud. También tiene el deber de tributar y contribuir con el Estado; pero la condición de informales, de la mayor parte de ellos, crea una situación que debe ser debidamente analizada.
El armador es responsable de la embarcación y de las inversiones que pueda realizar para hacer su faena más eficiente, ante lo cual el Estado debe contribuir con capacitación y transferencia de tecnología básicamente.
Una formalización a medias, que no otorga beneficios a los tripulantes de las embarcaciones artesanales, de menor escala y a una parte de la flota industrial de madera, es incompleta. Hacer de la formalización una simple obtención del permiso de pesca solo legaliza la actividad extractiva; pero sin generar compromiso tributario con el Estado, ni laboral con el tripulante.
La flota de mayor escala tiene perfectamente implementado su régimen laboral y con empleados formales de los armadores de mayor escala, a diferencia de las otras flotas.
Se demanda que el Estado debe darles a los pescadores artesanales y de menor escala, seguridad social y salud, entre otras cosas y que los industriales deben pagarles precios “justos”; pero para esto no necesitan que el Estado intervenga cuando no es de su responsabilidad, como es el caso de la seguridad social y la salud, que es un derecho que les asiste como a cualquier trabajador; pero que su atención se resuelve en el momento en que su empleador los pone en planilla. En la fijación de precios el Estado está impedido de intervenir de acuerdo al modelo vigente.
El armador no tiene que reclamar precios “justos” de sus clientes, sino que tiene que negociarlos e imponerse, ya que en la cadena productiva, los pescadores son los más importantes. Las plantas y mercados no podrían existir si es que ellos no los proveyeran de pescados y mariscos. Son empleados de un armador que es a la vez el comerciante en capacidad de negociar los precios que se ajusten a sus estructuras.
El armador puede vender sus productos a quien quiera y donde quiera, no necesita a las plantas porque finalmente si se asociasen, podrían construir sus propias plantas, en el caso de los recursos que se congelan y enlatan. Pero asumen que los industriales les deben un precio justo basado en consideraciones sociales y morales, lo cual no es necesariamente exacto. La industria existe para lucrar, para generar ganancias, no para atender demandas sociales.
Los armadores son quienes están en la situación de negociar de igual a igual.
Las plantas exportan su producción y alimentan a otros países, no al nuestro y por ello reciben utilidades, un drawback, y se les devuelve el IGV como beneficio de la exportación, que no se trasladan al extractor. El lucro generado gracias a la existencia de los pescadores, que trabajan para un armador, se ampara en un régimen liberal que no permite la regulación de precios, sino el libre mercado.
La pesca artesanal y de menor escala reclama del Estado más atención; pero ocurre que ya tienen una importante atención: Los armadores artesanales no pagan derechos de pesca; no pagan impuesto a la renta debido a que son informales y/o a que sus ingresos son insuficientes; disponen de infraestructura de desembarque para la cual no han invertido sino que se les ha construido gratis.
En este contexto, la pesca artesanal está exonerada de pagar derechos de pesca; pero ¿cómo se están considerando las capturas de las embarcaciones de menor escala para efectos de los derechos de pesca?
Está en manos de los armadores formalizarse, organizarse debida y eficientemente en forma empresarial, capacitarse, innovar y hacer negocios con la industria y el mercado.
Los pescadores embarcados no son los informales. Ellos no pueden formalizarse por sí mismos. Más allá de gestionar su libreta de embarque y/o carnet de pescador, la formalización es competencia de sus empleadores, es decir de los armadores. Basta con ponerlos en planilla para lo cual el armador debe tener ruc y pagar lo que le corresponde. Es el armador el informal.
En la negociación del precio, no le van a ganar a la industria invocando una conciencia social. Es solo cuestión de dinero. En los negocios no hay románticos. Los armadores deben fijar los precios que consideren apropiados y que respondan a su estructura de costos, de tal forma que puedan asignar salarios o participación justa a sus empleados.
Los pescadores tripulantes no son empresarios, no son los que negocian precios, ni los que cobran. Son empleados del armador, el cual es un empresario, es el propietario del negocio, el que contrata, vende, cobra y paga sueldos. Los pescadores son trabajadores dignos, son empleados cuyos patrones los mantienen en la informalidad al no incorporarlos a una planilla laboral y que merecen un sueldo apropiado; pero es el armador el responsable de pagarles, no el industrial ni el comerciante del mercado.
Invocar mejores precios en base a términos como justicia y responsabilidad social no es concordante con la razón de ser de la industria. La creación de dinero es su propósito, sin importar lo que hagan o digan sus proveedores. Saben que siempre habrá alguien, o varios, dispuestos a darles materia prima al precio que ellos deciden, al precio que a ellos les conviene, así que es solo cuestión de tiempo esperar a que dejen de importunarlos con demandas de mejores precios. Ellos saben que sus proveedores no pueden sostener un tiempo largo de pelea por precios mejores dejando de vender. También saben que ellos sí pueden aguantar. Esto constituye una posición de dominio que los armadores deben enfrentar con inteligencia.
Son los pescadores embarcados los únicos que hacen posible que se capturen recursos hidrobiológicos que sus empleadores venden a la industria o al mercado. Sin ellos no existiría ni la industria ni el mercado. Las plantas de congelado carecen de suficiente flota para autoabastecerse. En el caso de la pota, que es el principal recurso de la industria congeladora hoy en día, solo la flota artesanal y de menor escala la provee.
Los pescadores no embarcados se ubican en otro contexto y en otra problemática.
