Esta semana el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el premier Fernando Zavala presentaron los avances y logros de los primeros 100 días de su gestión. Los logros han sido agrupados en 4 ejes: (i) Oportunidades e Inversión Social; (ii) Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción; (iii) empleo, formalización y reactivación de la economía; y (iv) acercar el Estado al ciudadano. En esta entrega nos concentramos en el análisis del tercer eje relacionado con el empleo, la formalización y reactivación de la economía.
Si bien 100 días es poco tiempo como para juzgar los resultados de una gestión, las medidas adoptadas a la fecha dan una idea del derrotero que el gobierno intenta seguir durante los próximos 5 años. En el campo económico el gobierno tiene como objetivo la generación de empleos de calidad a partir de la formalización y la reactivación de la economía. Veamos que ha venido haciendo el gobierno en estas áreas.
En el campo del empleo de calidad la actuación del gobierno ha sido muy tímida. Se ha reactivado el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empelo pero no se han presentado propuestas claras para la flexibilización laboral punto central para la atracción de inversión privada y generación de empleo de calidad. Se ha dejado pasar la oportunidad que presentaba la delegación de facultades para legislar en esta materia.
Los resultados de esta inacción se muestran en las estadísticas del mercado laboral en Lima Metropolitana del tercer trimestre de 2016 publicadas por el INEI la semana pasada. El informe del INEI revela que en el tercer trimestre el subempleo (empleo informal) se incrementó en 3.5% mientras que el empleo adecuado (empleo formal) apenas lo hizo en 0.2% y el nivel de desocupados se incrementó en 2.5% respecto al mismo trimestre del 2015. En otras palabras, el informe del INEI nos dice que la economía todavía no genera suficientes empleos de calidad y como consecuencia continua creciendo la informalidad laboral.
En el campo de la reactivación económica, si bien los índices de confianza empresarial según el BCRP han alcanzado niveles que superan los de años pasados, esta confianza no se materializa en nueva inversión privada. El crédito del sistema financiero al sector empresarial continúa estancado. La morosidad bancaria ha subido a niveles no vistos en los últimos años. Las importaciones de bienes de capital, sinónimo de inversión, continúan cayendo. Los últimos datos de la SUNAT revelan que en el mes de septiembre las importaciones de bienes de capital cayeron 2.0% mientras que las importaciones de bienes de consumo crecieron 4.7% en relación al mismo mes del año 2015. Es decir, se continúa priorizando el consumo sobre la inversión productiva.
El crecimiento del PBI de agosto en 5.52% puede llevar a conclusiones apresuradas sobre la reactivación de la economía. El resultado de agosto se debe mayormente al crecimiento de la minería y al repunte del sector pesca. En el resto de sectores no se ve señales de reactivación. Ante la ausencia de nuevos proyectos mineros, el impacto del proyecto Las Bambas se irá diluyendo en lo que queda de este año. Este impacto se podría agravar si no se soluciona el conflicto minero en el corto plazo.
Otro aspecto que también va a incidir en el crecimiento del PBI en lo que queda del año es el elevado déficit fiscal heredado de la administración anterior. A fines de septiembre el déficit llegó a 3.4% del PBI y obligó al gobierno a anunciar medidas de emergencia para contener el déficit fiscal y cerrar el año en 3%. Este ajuste equivalente a 0.4% del PBI, si bien necesario, tendrá un impacto directo en la economía en el tercer trimestre y se traducirá en un recorte de la inversión pública.
El déficit actual es producto de un incremento excesivo del gasto corriente durante el gobierno de Humala y una caída de la recaudación. El problema con el gobierno de PPK es que si bien ha tomado medidas para contener el déficit este año, no ha anunciado medidas para reducir el gasto corriente el próximo año, por el contrario el presupuesto considera medidas para aumentar el gasto especialmente en agua y saneamiento. Peor aún, el gobierno considera bajar el IGV y otros impuestos. Dado el actual escenario internacional y el nivel de déficit fiscal, tratar de reactivar la economía a través de mayor gasto público no es una política recomendable. Parece que por lo actuado en estos primeros 100 días el gobierno se prepara para insistir con la política de aumentar el gasto público como estrategia para salir de la crisis.
El problema de la formalización no se soluciona con el desarrollo de ferias como “Formalízate Ahora”, con “Semana de Empleo” o módulos descentralizados de teletrabajo como los destacados como logros en el informe de avance de los 100 días. La formalización se logra con mayor inversión privada y mejoras en la productividad. El anuncio de obras puntuales en el mejoramiento del manejo del agua y en obras de irrigación no tendrá un impacto significativo en la mejora de la productividad del agro. El gobierno está dejando pasar la oportunidad de poner en marcha un programa masivo de mejora del agro tipo Sierra Productiva y/o Sierra Exportadora. Una vez más se ha dejado pasar la oportunidad de utilizar las facultades especiales para este fin.
Otra área que viene priorizando el gobierno y la destaca en su resumen de los 100 días es el destrabe de proyectos de inversión. Se menciona que se han priorizado el destrabe de 12 proyectos de inversión que representan cerca de 18, 800 millones de dólares. Sin embargo este destrabe podría ser contraproducente en el caso de varios de estos proyectos debido a su cuestionamiento por sobrecostos, ineficiencias y conveniencia para el país. La Refinería de Talara, el Gaseoducto del Sur, la línea dos del metro, los juegos Panamericanos, el aeropuerto de Chincheros son ejemplos claros de esta situación.
En el caso del Gaseoducto del Sur, la situación es doblemente preocupante. Por un lado está el problema del incremento excesivo del costo de ejecución que ya de por si es serio. Pero por otro lado está la modalidad de financiamiento de la obra. La obra viene siendo financiada con un sobrecosto de la electricidad pagado por todos los peruanos. Es un impuesto camuflado que resta competitividad a la producción peruana. En el Gráfico 1 se muestra la evolución de los índices de precios de la electricidad y del índice de precios al consumidor total (IPC). Estos dos índices tiene una base común (2009 = 100) es decir en el 2009 los dos índices coincidían.
Durante el periodo de 2009 hasta mediados del 2015, el índice de la electricidad venía siendo menor que el IPC. El elevado porcentaje de generación hidroeléctrica y gas barato nos ha permitido gozar de unas de las tarifas de electricidad más bajas de Latinoamérica y ha sido uno de los principales factores de competitividad de nuestra economía. Sin embargo esto ha cambiado a partir de mediados del 2015 y ahora el índice de electricidad se ha disparado y ya se encuentra 15% por encima del IPC.
Pareciera que las pérdidas por “peso muerto” (“Deadweight Loss” en inglés), del bienestar del consumidor y de la competitividad de la economía, producto de la introducción de este impuesto camuflado exceden los beneficios que traería la construcción del gaseoducto del sur.
Resta saber si el gobierno viene considerando “entre lo que nos falta completar y los problemas encontrados” mencionados en su documento de los 100 días, una evaluación de la conveniencia de los grandes proyectos de inversión en marcha.
