Esta semana finalmente dejó el gobierno Pedro Pablo Kuczynski. Su legado en materia económica en sus 20 meses de gestión es muy pobre. Su intento de reducir la informalidad laboral modificando el régimen tributario fue un fracaso. La prometida reforma del sector previsional y de salud solo quedó en un estudio preliminar que duerme el sueño de los justos, mientras que el sistema previsional y de salud languidecen y van camino a la banca rota. La reforma tributaria con el nuevo sistema MYPE tributario, repatriación de capitales y amnistía tributaria se ha traducido en un retroceso de la presión tributaria (impuestos como % del PBI) a niveles del año 2000. Su publicitada restructuración de la deuda pública ha resultado en mayores niveles de deuda que tendrán que ser pagados por los gobiernos entrantes.
El gasto público (especialmente el gasto corriente) después de una tímida contención a fines del 2016 ha iniciado un desenfrenado crecimiento similar al experimentado durante el gobierno de Humala. Como último acto de gobierno, horas antes de su renuncia firmó el aumento de la Remuneración Mínima Vital que tendrá su repercusión en el aumento de la informalidad laboral.
El Congreso de la República tampoco ha sido ajeno al pobre desempeño económico, aprobando leyes como el IGV justo o el retiro de fondos de las AFP. Además, el proyecto de Ley que apunta incorporar a los empleados bajo el régimen CAS a las planillas del estado incrementará el déficit fiscal y reducirá la flexibilidad laboral en el Estado. Es evidente que, en el enfrentamiento entre el ejecutivo y el congreso, el MEF ha perdido fuerza en el control del gasto público.
En este contexto Martin Vizcarra ha juramentado como nuevo presidente. Su primera tarea será designar al primer ministro y a los ministros que lo acompañarán en su mandato. En su discurso inaugural ante el Congreso anunció que habrá un recambio total del gabinete. Su corto discurso, sincero, pero directo ha caído bien entre los partidos políticos y la opinión pública.
¿Qué características debe tener el nuevo gabinete? Se requiere un gabinete que asegure la gobernabilidad y transmita confianza en el campo económico. Para ello es necesario que se deje de lado la tradicional cuota de carteras asignadas a los partidos políticos. Se debe designar ministros con elevado conocimiento de sus carteras, experiencia y reconocimiento internacional y hojas de vida limpias de vínculos con la corrupción.
En particular, el ministro de economía debe reunir los requisitos que le permitan restaurar la fuerza perdida por el MEF dentro del ejecutivo y el congreso. Su prioridad debe ser la consolidación fiscal, atacando tanto los ingresos (reforma tributaria) como los gastos (reducción del gasto corriente).
Recientemente, las calificadoras de riesgo mantuvieron las calificaciones del Perú pero destacaron que los riesgos de gobernabilidad, falta de consolidación de las finanzas públicas y un aumento desmedido de la deuda pública podrían conducir a una reducción de la calificación crediticia. El peligro de una reducción de la calificación crediticia es que nos podría hacer perder el grado de inversión con la consecuente elevación de las tasas de interés y reducción del flujo de inversiones extranjeras.
En su reciente Reporte de Inflación el BCRP proyecta que la deuda pública llegará a 25.3% del PBI a fines de este año y que en el 2019 estará en 26.3%. Pero también resalta que la deuda neta como porcentaje del PBI pasara del 9.5% a fines del 2017 al 14.8% a fines del 2019 (ver Gráfico 1). ¿Qué nos revelan estos indicadores? La deuda neta se define como la deuda bruta menos los depósitos que el sector público no financiero tiene en el sistema financiero como el Fondo de Estabilización Fiscal y otros fondos que sólo pueden ser utilizados para fines específicos.
Como el resultado económico de las cuentas fiscales ha sido deficitario en los últimos años (2.6% en 2016 y 3.1% en el 2017) uno esperaría que la deuda pública crezca en similares porcentajes. Sin embargo, esto no ha sucedido porque el gobierno ha utilizado los depósitos que mantiene en el sistema financiero. Para evitar que la deuda pública llegue al 30% del PBI en el 2019, el gobierno viene utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal. El uso de los depósitos del sector público permitirá al gobierno, según proyecciones del BCRP, que la deuda pública total llegue sólo a 26.3% del PBI en el 2019.
El gobierno apuesta a que, superado el periodo de los gastos de reconstrucción, la recuperación económica permitirá la recuperación de los ingresos tributarios y con ello la disminución gradual del déficit hasta llegar a 1% en el 2021. El problema con este escenario es que supone que el gobierno puede usar sus depósitos en el sector financiero indefinidamente para evitar que la deuda pública llegue al 30%.
La utilización de los depósitos del Fondo de Estabilización, si bien justificados por las obras de reconstrucción del Fenómeno del Niño Costero, nos dejan en una situación vulnerable si ocurrieran nuevos desastres naturales como terremotos o un nuevo Niño. Esta es la situación que preocupa a las agencias clasificadoras de riesgo país.
El nuevo ministro de economía tendrá que tomar en cuenta esta realidad para formular su plan de consolidación fiscal. Para atraer las inversiones necesarias para una reactivación económica bien sustentada será necesario un plan que además de la consolidación fiscal incorpore la reforma laboral (flexibilización laboral) y la reforma del sistema previsional y salud. Para ello requerirá la concertación con el congreso de una agenda legislativa que priorice las reformas antes mencionadas.
