Según el hito del contrato aún vigente, la empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano (compuesta por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás) tiene hasta el 23 de enero para que los bancos internacionales hagan efectivo el primer préstamo para la obra. Para ello, es fundamental que Odebrecht concrete la venta del 100% de sus acciones en el proyecto.
Tras una primera caída de la negociación con el consorcio Sempra-Techint, se conoció que el fondo canadiense Brookfield y la china CNPC estaban interesados en negociar su participación. Según fuentes no oficiales, de ambos, solo Brookfield habría presentado documentos escritos y, además, estaría aun realizando el “due diligence” para presentar la oferta definitiva. “CNPC ha tenido reuniones de interés pero aún no ha presentado una oferta formal”, dijo la fuente. En el caso de Techint, que mantenía interés en ser parte de la empresa constructora del proyecto, indicaron que “lamentablemente”, no cuentan con ninguna novedad sobre el caso.
Asimismo, las recientes declaraciones del gobierno habrían tornado aún más pesimista las previsiones del proyecto. El lunes, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, realizó tres anuncios que no pasaron desapercibidos: i) La venta de la participación de Odebrecht en el GSP. La cláusula anticorrupción presente en todos los contratos de concesión del Estado dictamina que, de encontrarse algún hecho ilegal, el concesionario perdería todo derecho sobre el proyecto. Este es el riesgo que correría cualquier empresa que buscara comprar el 55% de la brasileña. Para paliar este riesgo, Odebrecht propuso diferir el pago por sus acciones; ii) El retiro del cobro por el GSP de los recibos de luz. “Se va a retirar, estamos presentando el proyecto de ley. Desde la campaña [presidencial] dijimos que no estábamos de acuerdo con eso. La forma como se va a compensar a las empresas, cuando el ducto no tenga suficiente volumen, es vía una garantía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, indicó Thorne. Este cambio podría ser incluido en una nueva licitación; iii) Finalmente, el ministro aseguró que el gobierno tiene un “plan B” frente a la posibilidad de que algún proyecto se viera afectado. Así, detalló que Pro Inversión cuenta con iniciativas privadas en las que se encuentran trabajando en caso sea necesario que estas reemplacen a los proyectos que se pudieran caer debido a los temas de corrupción.