Me encuentro en el África realizando una consultoría, financiada por el Banco Mundial, para la elaboración de un Marco Macroeconómico Multianual de cinco años para un país subsahariano. Los problemas de los países africanos, aunque a diferente escala, son muy similares a los que enfrenta la economía peruana: dependencia de un producto principal de exportación, muy baja productividad, alta informalidad, inseguridad y crisis del sistema judicial.
En esta entrega, presento algunas ideas que se vienen aplicando en otros países con buenos resultados no sólo en el área económica sino también en el área social, y en los ámbitos de seguridad y justicia.
Hasta hace un par de años las Naciones Unidas patrocinaban los Objetivos del Milenio (ODM) que establecían metas de reducción de la pobreza, analfabetismo y salud de la población mayormente a través de programas de asistencia directa a la población. En la cumbre de Rio de 2015 los ODM fueron reemplazados por nuevos objetivos denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que entraron en vigor en Enero de este año. Si bien los ODS no son obligatorios para los países, se espera que los gobiernos los adopten como propios.
Los nuevos objetivos instan a todos los países, ricos, pobres y de ingresos medios, a adoptar medidas para promover el desarrollo sostenible y la prosperidad de los ciudadanos pero al mismo tiempo protegiendo el ambiente. Reconocen que las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y promuevan la protección del medio ambiente. Los ODS reconocen la importancia del crecimiento económico en el combate a la pobreza, pero al mismo tiempo resaltan la importancia de que el crecimiento sea sustentable es decir dentro de un marco de igualdad de oportunidad, de seguridad para la población tanto física como jurídica y de protección al ambiente.
¿Cómo se traducen los ODS al caso peruano? Si bien no hay una receta única que se pueda aplicar a todos los países por igual, algunas experiencias exitosas o mejores prácticas en otros países se pueden aplicar para conseguir lograr estos objetivos en los próximos 15 años como lo establece la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por razones de espacio presentamos algunos ejemplos en tres áreas: (i) Baja productividad e informalidad; (ii) inseguridad; y (iii) crisis del sistema judicial.
En el área de productividad e informalidad las experiencias apuntan a que la clave para elevar la productividad se encuentra en el sector agrícola que es donde se encuentra la mayor informalidad debido a la baja productividad de la inmensa mayoría de trabajadores agrícolas. Es el sector que menos contribuye con impuestos al fisco y es el que menos afiliados tiene a EsSalud y al sistema de pensiones. La solución es un programa masivo de mejora de productividad de este sector que permitirá en el futuro cercano reducir la informalidad en el campo. Programas como Sierra Productiva y Sierra Exportadora deberían ser aplicados masivamente. El impacto en el crecimiento del PBI y en la reducción de la pobreza es inmediato, y adicionalmente contribuye a proteger el ambiente.
Programas similares de aumento de la productividad pueden ser aplicados a otros sectores. En el sector transportes, por ejemplo, la introducción de medios de transporte eléctricos diseñados especialmente para el mercado local presenta una oportunidad única para elevar la productividad del sector, reducir la informalidad y proteger el ambiente.
Con relación a la inseguridad de los ciudadanos, los países más exitosos son los que han aplicado programas del tipo “Un policía por cada cuadra”. La presencia continua de policías altamente tecnificados (cámara de video, teléfono inteligente y armas de disuasión) las 24 horas del día en cada cuadra de las ciudades ha permitido reducir los niveles de criminalidad en forma significativa en muchos países en desarrollo y mejorar la integración del policía con la población.
La utilización amplia y generalizada de cámaras de video y y teléfonos inteligentes en los centros urbanos permiten establecer, con el adecuado software, centros de monitoreo en tiempo real que reducen los tiempos de respuesta e intervención de los equipos policiales especializados y facilitan la labor de inteligencia de la policía en el combate al crimen organizado. El registro de ocurrencias se realiza en forma automática reduciendo la carga administrativa y elevando la productividad de la fuerza policial. En algunos países se ha introducido el servicio policial obligatorio de ciudadanos de 18 años, a fin de facilitar la integración de la policía con la población joven de los centros urbanos.
En el Perú, el INEI estima que existen 60, 000 cuadras en los diferentes centros urbanos del país (30 millones de habitantes entre 500 personas por cuadra, en promedio). Con un sistema de tres turnos se requerirían idealmente un máximo de 180, 000 policías que son los efectivos con que cuenta la policía en la actualidad. Esta es una cifra máxima; evidentemente, utilizando estadísticas de delitos observados o denunciados, se deberán priorizar las zonas y concentrar la atención en las más vulnerables. Una coordinación con el sistema de Serenazgo lo haría aún más eficiente.
Finalmente en lo que respecta al sistema judicial, los países en desarrollo más exitosos son los que han adoptado el sistema de jurados para la administración de justicia. Los sistemas judiciales más eficientes y menos propensos a la corrupción son los que tienen un sistema de Gran Jurado para definir cuales juicios proceden con el sistema de jurados y cuáles no. Este sistema de administración de justicia propio de países anglosajones aumenta la eficiencia del sistema judicial ya que, en primera instancia, solo se necesita un juez por cada corte contra los tres jueces que conforman una corte en el Perú. Es decir, en teoría se podría aumentar en tres veces el número de juicios por año contribuyendo a reducir el periodo que demanda actualmente un juicio.
Por otro lado, y lo más importante, se reduce la discrecionalidad de los jueces. En el Perú los jueces no solo dirigen el juicio (alegatos de la defensa y de la parte agraviada) sino que deciden si el acusado es inocente o culpable y dictan sentencia. Esta discrecionalidad de los jueces es la que crea las oportunidades de corrupción en el poder judicial. El sistema de jurados, que son los que deciden si el acusado es inocente o culpable, elimina esta discrecionalidad y por lo tanto elimina la principal fuente de corrupción. Los jurados son seleccionados en forma aleatoria entre los ciudadanos del registro electoral garantizando la imparcialidad en el juicio y potencialmente elimina las injerencias políticas en el proceso.
Lamentablemente en estos 4 meses del nuevo gobierno no se han visto este tipo de propuestas. El esfuerzo del gobierno se ha volcado a la eliminación de las trabas burocráticas que dificultan la inversión. La eliminación de las trabas es algo necesario, pero llama la atención que la principal traba al a inversión, que es la inflexibilidad laboral, no ha sido ni siquiera considerada. En el ámbito de la seguridad ciudadana los masivos recortes de oficiales de la guardia civil seguramente traerán beneficios en el largo plazo, pero a costa de una desmoralización de la fuerza policial. Mientras tanto, la impresión en el ciudadano es que la inseguridad y la frecuencia de asaltos van en aumento. La situación en el ámbito judicial es aún peor. Es lamentable que las facultades especiales otorgadas por el congreso al ejecutivo no sean utilizadas para resolver problemas estratégicos. La agenda legislativa del congreso es pobre. La tormenta se avecina pero nuestras autoridades parecen que no percibieran el sentido de urgencia.
