En un pasaje del cuento “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, Alicia está recorriendo un bosque y se encuentra con un gato a rayas moradas a quien le pregunta. ¿te importaría decirme qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende en gran medida de adónde quieres ir, responde el Gato. ¡No me importa mucho adónde…! le dice Alicia. Entonces, da igual la dirección que tomes, concluye el Gato.
En la actualidad el Perú se encuentra en una encrucijada similar a la de Alicia. Al no tener objetivos claros de mediano y largo plazo, las autoridades vienen adoptando medidas de corto plazo que no están alineadas con objetivos de largo plazo y cuyo único propósito parece ser permanecer en el poder hasta el 2026. Como consecuencia las autoridades reaccionan ante los problemas que se les presentan cual “bomberos” ante incendios. El caso del creciente nivel de inseguridad ciudadana ilustra claramente esta situación. El alto grado de rotación de los funcionarios encargados de velar por la seguridad ciudadana es un claro indicio de la falta de una visión de largo plazo en esta materia.
En el área económica la situación es peor. Esta semana se han celebrado los 30 años de vigencia de la Constitución vigente. El modelo económico consagrado en ella, que nos ha permitido años de progreso y bienestar, viene siendo perforado día a día. El capítulo económico de la constitución de 1993 surgió como respuesta al régimen estatista de la dictadura militar de Velasco Alvarado. Se liberaron los precios y se implantó la subsidiariedad del Estado en la actividad económica, reduciendo su participación significativamente. Se eliminó la estabilidad laboral absoluta y se dio independencia al Banco Central. La Constitución de 1993 estableció un claro norte en materia económica.
Sin embargo este claro norte se ha ido perdiendo con el transcurso de los años. El deterioro se inició con el Tribunal Constitucional, presidido por Javier Alva Orlandini, que restituyó la estabilidad laboral absoluta en 2002 y que ha sido la principal fuente de la creciente informalidad laboral y el estancamiento del crecimiento de la productividad total de los factores de producción. En el mismo periodo, la aprobación de la antitécnica ley de descentralización y la instauración del Canon Minero marcaron el inicio del desmanejo de la gestión pública que lo estamos pagando en estos días.
El siguiente golpe al modelo económico fue dado con la inauguración del gobierno de Humala que juró por la Constitución de 1979 y su clara política anti minera, “Agua si, Conga no”. Los sectores Minero, Agroexportación y Turismo pilares del éxito del modelo económico han sido sucesivamente victimas de las perforaciones a la Constitución de 1993. El sector minero ha visto mermado sus niveles de inversión por la política anti minera y hemos desperdiciado valiosas oportunidades de protagonismo en el mercado mundial. El sector Agroexportador que se vio protegido, en parte, de los alcances de la inflexibilidad de la ley laboral por la ley de promoción al agro, ha perdido esta protección y su mercado laboral se ha inflexibilizado aun más con la legislación que limita la tercerización de servicios (aunque esta medida ha quedado sin efecto provisionalmente por acción de INDECOPI). El sector Turismo se ha visto perjudicado por la pandemia, pero su recuperación viene siendo impedida por el clima de inseguridad y falta de respeto a la ley. Todo este deterioro se ve reflejado en las expectativas de los agentes económicos respecto al crecimiento del PBI. El BCRP mide todos los meses, mediante encuestas, estas expectativas. En el Gráfico 1 se muestra su evolución mensual para el periodo 2011 – 2023.
Las expectativas de los agentes económicos generalmente son más optimistas que la realidad. Observamos que a partir del gobierno de Humala (Julio 2011) las expectativas han venido cayendo, partiendo de 7% en el 2011, al 2% en la actualidad (exceptuando el periodo de la pandemia). Esta pronunciada caída es un reflejo de la cada vez menor confianza de los agentes económicos en el desempeño de la economía.
¿Cómo se manifiesta el progresivo deterioro del modelo económico consagrado en la Constitución? El mejor indicador es el porcentaje del gasto público respecto al PBI. A mayor porcentaje, mayor participación del gobierno en la economía, es decir mayor estatismo y control de la economía y por lo tanto menor libertad económica, que es el pilar del modelo económico.
En el Gráfico 2 se muestra la evolución del Gasto Público Total como porcentaje del PBI. Observamos que con la Constitución estatista de 1973 el gasto público total (sin considerar las empresas públicas de ese entonces) superaba el 23% del PBI. La hiperinflación del primer gobierno de Alan García se encargó de llevar este porcentaje alrededor del 14%. La Constitución de 1993 permitió reducir paulatinamente este porcentaje, hasta llegar a menos de 18% durante el segundo gobierno de García. A partir de 2011, la participación del estado no ha dejado de subir (durante la pandemia llegó a superar el 24%) y actualmente se encuentra alrededor del 21%, es decir estamos volviendo a los niveles registrados con la constitución de 1973, lo cual es un claro indicio de la creciente estatización de la economía. La intención de sacar a flote a Petroperú contribuiría a agravar el problema.
¿Qué es lo que se debe hacer para revertir esta situación? Lo que se requiere es restituir todas las perforaciones que se le han hecho a la Constitución de 1993 a lo largo de los años. En particular se debe eliminar la estabilidad laboral absoluta introducida por el Tribunal Constitucional de Alva Orlandini. Esto permitiría la flexibilización del mercado laboral y la reducción de la informalidad. En otras palabras, en lugar de cambiar la constitución, como proponen los grupos de izquierda, lo que se necesita es reafirmarla.
Se requiere, además, reforzar el papel subsidiario del estado en la actividad económica. Los casos emblemáticos de Petroperú y Sedapal deben ser resueltos respetando este principio. Es necesario legislar un nuevo régimen pensionario y de salud, priorizando sistemas no contributivos, acordes con la Constitución. Se debe reducir el Gasto Público Total, con el objetivo de regresar al 18% del PBI, en el contexto de una reforma tributaria integral que incluya una mejor distribución del Canon minero y la reforma de la ley de descentralización.
El deterioro económico que venimos experimentando en los últimos 12 años no se resuelve con mayor gasto fiscal, más impuestos o más deuda. Se requiere menos gasto estatal ineficiente, más libertades económicas, menos trabas burocráticas y mayor respeto al imperio de la ley. Para ello necesitamos de un estado más pequeño y eficiente. Las autoridades tienen la palabra.
