La inminente vacancia de la cartera de economía como corolario del affair Thorne-Alarcón debería ser una gran oportunidad para enmendar el rumbo incierto que ha venido mostrando la política económica. Se necesita un nuevo ministro de economía conocedor de la realidad peruana y los vericuetos de la gestión pública. Alguien con rectitud a toda prueba, que sepa decir ‘NO’ incluso al presidente de la república ante eventuales tentaciones de uso del poder público en beneficio de particulares, alguien que no se preste al toma y daca debajo de la mesa. Se necesita a alguien con visión clara de futuro, que no diga y se desdiga a cada rato en sus planteamientos y metas de política económica. Alguien con muñeca gerencial, que sepa cómo destrabar los grandes proyectos de inversión, que sepa delegar funciones y recursos a los gobiernos regionales y locales, empoderándolos para que estén en capacidad de gestionarlos eficientemente.
El gobierno de PPK está por cumplir un año aplicando una política económica ambigua e incierta que se consumió en un tris el ‘shock’ de confianza que había despertado el talante de buen tecnócrata de un PPK rodeado de un aparente gabinete ‘de lujo’. Esa política económica zigzagueante es la que fundamentalmente ha venido paralizando la economía, al punto de haberla hecho crecer debajo de 1,6% en el primer cuatrimestre (0,17% en abril, gracias al aleatorio repunte de la pesca en 101%). Ello con sectores en franca recesión, como el manufacturero no primario y el sector construcción.
Sería fácil echarle la culpa de ello al Niño Costero; factor negativo que se ha venido compensando con el notable repunte de los precios de las materias primas. Lo cierto es que, en casi un año de gestión, ni un solo gran proyecto de inversión ha logrado ser destrabado, mientras que los proyectos privados medianos y pequeños están aletargados. Es así que la inversión privada nacional se ha venido a pique, decreciendo en el orden de dos dígitos, siendo ella mucho más importante que la inversión privada extranjera. Ello obedece a que desde octubre el índice de confianza empresarial que mide el BCR bajó a un nivel incluso más bajo que el que tuvo Humala a la misma altura de su gobierno. El empresariado nacional no confía en el actual manejo económico, por lo que es imposible que el extranjero lo haga, por más viajes y road shows internacionales.
De otro lado, desde que Thorne asumió la cartera de economía, la inversión pública también se vino a pique; durante todo el segundo semestre de 2016, por decisión explícita suya, y a continuación, por la creciente centralización de las decisiones de inversión pública. Sólo en el primer trimestre de 2017, ella ha retrocedido 16%. En este contexto, la demanda interna cayó 1,1% al primer trimestre de 2017, algo no visto desde el cuarto trimestre de 2009, con un consumo privado creciendo apenas 2,2%, la tasa más baja desde el segundo trimestre de 2009, ante un marcado deterioro del empleo y los ingresos de la población.
¿De dónde vienen las dudas y el pesimismo? Primero, de anuncios de políticas inconsistentes. Desde el saque Thorne anunciaba una mega política de formalización de las PYMES a través de la reducción del IGV en 3 puntos porcentuales y la introducción de un nuevo régimen tributario para PYMES. Aducía que la reducción del IGV subiría la recaudación tributaria. Ante la evidencia de que iba a suceder todo lo contrario, anunció que esa reducción estaría condicionada a mejoras inalcanzables en la recaudación, lo que en buen cristiano significaba abandonar esa política. También arrancó ofreciendo bajar el impuesto a la renta a las grandes empresas -dizque para que inviertan más- para luego terminar subiéndolo. Con el nuevo régimen tributario para las PYMES se tiró abajo las categorías más altas del RUS, obligando a las empresas comprendidas a pagar 10% de impuesto a la renta. Medida repentina, dada sin mayor estudio, que ha venido incentivando la atomización empresarial de las PYMES y su pase a la informalidad, consiguiendo el efecto inverso al objetivo trazado. Es así que la recaudación fiscal viene cayendo, contradiciendo las metas de subida de la recaudación anunciadas por Thorne.
En segundo término, las dudas derivan del anuncio de una reforma del SNIP también improvisada. La filosofía detrás de ella era que, mientras más relajados sean los controles y menos exigentes sean los estudios requeridos al inversionista que participa en iniciativas privadas, habrá más inversión. Las unidades formuladoras ahora también evalúan los proyectos, convirtiéndose en juez y parte, mientras que se establece un mecanismo de priorización por brechas de infraestructura, desarticulado a los planes sectoriales y regionales de desarrollo, que siguen siendo un gran sancochado, dado que no obedecen a una estrategia de desarrollo integral territorial. El MEF sigue teniendo un rol centralizador de la decisión de qué proyecto va y cuál no va. Si bien ahora lo hará dentro de un marco de programación multianual, sigue primando una visión predominantemente presupuestaria y no de desarrollo. Para que prime una visión de desarrollo se requiere implementar un sistema de planificación nacional de carácter participativo y territorial, liderado por un organismo competente, que debe ser el CEPLAN.
Esta filosofía contradice el enfoque aplicado en países como Gran Bretaña y Canadá, donde los proyectos de inversión se desprenden de un sistema de planes de desarrollo. Además, en esos países el Estado no firma adendas con los inversionistas privados, dado que todo está milimétricamente estudiado con antelación, eliminándose así todo resquicio para la coima y el mercantilismo. El enfoque de brechas de infraestructura es insuficiente, puesto que las brechas pueden cerrarse con proyectos malos, regulares o buenos, y con el nuevo sistema ya no hay mayor control del costo beneficio, por lo que el riesgo de que se sobredimensionen los costos de los proyectos y haya más corrupción puede aumentar.
En tercer término, el pesimismo cunde si un ministro de economía primero anuncia una meta de crecimiento de 5% para 2017, para luego reducirla a 4,8%, luego a 3,8%, para después anunciar que aspira a un porcentaje parecido, pero para el segundo semestre del año. A ello se suma el pesimismo derivado de Chinchero, Kuntur Wasi y todo el tinglado para empujarle al país una adenda inaudita, en un contrato de concesión viciado desde su origen hasta el affair Thorne-Alarcón. Al momento de elegir sustituto para Thorne, sería bueno que PPK reflexione a fondo en que los peruanos preferirían mil veces una persona sapiente, no por sus méritos cerrando negocios en un restaurante de Manhatan, sino por tener tren de aterrizaje a la realidad del Perú y a un código de ética anti corrupción.
