Mientras en Perú los grandes acaparadores de tierras asociados a la mafia de la tala ilegal y de la exportación maderera “legal” siguen deforestando la selva peruana, a un ritmo de 150 mil hectáreas por año, el gobierno acaba de anunciar un “Plan de Reforestación” guiado por la falsa premisa de que “el 90% de la tala y la quema de los bosques amazónicos de Perú se produce a manos de campesinos que viven en la pobreza y emigran desde las tierras altas y practican la agricultura de subsistencia”.[1]
Para empezar, las actividades agrícolas de los campesinos pobres se circunscriben a las laderas de los ríos, que son áreas muy pequeñas en comparación con los millones de hectáreas afectadas por el desalmado accionar de ejércitos de motocierreros armados que diariamente invaden tierras y utilizan a las concesiones forestales como pantalla para legalizar madera talada ilegalmente que luego se exporta sola o camuflando envíos de cocaína.
A partir de ese diagnóstico sesgado, no extraña que, en lugar de dar prioridad a la fiscalización y control de la tala ilegal masiva y a la siembra de árboles nativos en zonas deforestadas[2], el plan anunciado con bombos y platillos se centre en otorgar 15 millones de hectáreas forestales más en concesiones, dizque bajo un nuevo modelo orientado no solo a la producción de madera, sino al ecoturismo, la conservación y el aprovechamiento de servicios ecosistémicos
Dizque a los nuevos concesionarios se les exigirá solvencia técnica y financiera, a sabiendas de que la gran mayoría de los actuales concesionarios no ha mostrado tener la vocación ni la solvencia técnica para sembrar y hacer crecer árboles nativos.
El peligro es que estas nuevas concesiones terminen destinándose a la expansión de plantaciones de especies exóticas como la palma aceitera, el eucalipto y el pino, que se levantan luego de haber talado y “limpiado” el terreno, generando una ingente pérdida de recursos de biodiversidad del ecosistema amazónico, a la vez que permite a los “inversionistas” grandes ganancias a corto plazo con la venta de la madera “limpiada con motocierra” y luego con la siembra de árboles exóticos de rápido crecimiento.
Hasta ahora el Estado ha concesionado a privados alrededor de 17 millones de hectáreas, que representan la cuarta parte del total de bosques naturales, y que son considerados como bosques de producción permanente. Sin embargo, de ese total de hectáreas concesionadas, apenas alrededor de 4 millones de hectáreas están en manos de concesiones operativas.
Otros 13 millones de hectáreas están bajo dominio de comunidades nativas que ponen a merced de privados la tala de árboles a cambio de un peaje. Sumando la superficie boscosa concesionada y la manejada por comunidades nativas, se llega a 30 millones de hectáreas que vienen siendo, supuestamente, la fuente de la mayor parte de la producción maderera del país.
Sin embargo, casi toda esa producción resulta de la tala ilegal de árboles, sin siembra de nuevos árboles, provenientes de áreas protegidas, territorios indígenas, tierras estatales y hasta de propiedad privada. Para justificar la tala ilegal, los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que son inexistentes, y las autoridades dan visto bueno a su extracción emitiendo los permisos correspondientes.
Es así que la degradación de zonas protegidas se ha convertido en un problema mayúsculo, puesto que muchos de los concesionarios se han convertido en agentes promotores de la tala de árboles de diámetro mayor a 30 cm, sin cumplir con sembrar nuevos árboles.
En buen romance, el negocio maderero en Perú forma parte del accionar de redes criminales dedicadas a la tala de árboles sin siembra de nuevos árboles. Nada de esto sucede sin pagos de cupos bajo la mesa a funcionarios y autoridades, asesinatos de nativos que denuncian estos hechos, y el amedrentamiento a inversores forestales que vienen apostando por un modelo de desarrollo de plantaciones agroforestales sostenibles, sustentadas en métodos de germinación orgánicos.
Se estima que un 90% de la madera extraída es ilegal y se exporta “legalizada” a México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica, violando acuerdos internacionales de protección del medio ambiente, violando los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Dado que los bosques de las zonas más accesibles ya han sido depredados por la mafia forestal peruana, la idea es penetrar a zonas más lejanas con miras a extraer especies cotizadas. Para ello se busca que el gobierno dedique recursos para construir caminos asfaltados hacia destinos sin centros poblados. Idealmente, el gobierno priorizaría la construcción de un tren que sirva a la movilidad de la tala ilegal desde lo más profundo de nuestra selva.
La explotación ilegal de la madera se rige por un sistema de intermediarios habilitadores y una mafia maderera articulada a las estructuras de poder local y regional. Este sistema adelanta dinero a grupos de leñadores ilegales armados, cuyo cometido es incursionar en la selva para cortar árboles, transportarlos a aserraderos de «blanqueado» para «legalizarlos», para luego enviarlos a depósitos de madera urbanos. “La tala es efectuada por trabajadores forestales sin recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la madera de ciudades y pueblos se encargan de la comercialización”.[3]
[1] Texto de un cartel exhibido en el evento público Pabellón de Bosques durante la COP20, por los agentes beneficiarios del actual estatus quo de la deforestación masiva. Esta premisa ha sido rebatida categóricamente, entre otros, por expertos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).
[2] Si bien la fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente viene realizando muy buena labor, no cuenta con recursos presupuestales mínimos para abarcar todo el extenso territorio de la Amazonía peruana.
[3] “A través del sistema de concesiones se blanquear la madera ilegal robada en las tierras indígenas y áreas protegidas adyacentes. Se mezcla la madera legal con la ilegal, usando los permisos de transporte de las concesiones madereras legales para evitar ser descubiertos. Cada vez son más las empresas madereras que ofrecen su apoyo a las comunidades nativas, para que obtengan un permiso de extracción que les permita «legalizar» y «blanquear» su propia madera ilegal extraída fuera de la zona autorizada.” Véase, Tom griffiths, “Perú: La explotación ilegal y destructiva continúa devastando amazonia peruana”.
