Tratándose de un gobierno de mecha corta (3 años y 3 meses), que además nace con una legitimidad mellada por la pesada herencia de corrupción y desgobierno que deja el renunciante ex presidente PPK en el imaginario popular, hoy más que nunca, los primeros cien días de gestión serán claves para el gabinete de ministros que preside César Villanueva.
En ese lapso el gobierno tendrá su luna de miel, porque lo más probable es que el congreso le otorgue facultades para legislar y los gremios de trabajadores se mantengan en cautelosa espera, evitando realizar movilizaciones desestabilizantes que los pongan en la picota de la opinión pública.
Sería iluso pensar que, en esos primeros cien días, e incluso durante todo su mandato de 3 años y 3 meses, el flamante gobierno pueda realizar todas las reformas que el Perú necesita para poder proyectarse a largo plazo como un país desarrollado, compuesto por emprendedores exitosos altamente educados.
Sin embargo, esos primeros cien días serán la prueba de fuego para que el gobierno demuestre con medidas concretas, de que no es más de lo mismo, y así pueda hacer revivir la credibilidad y la confianza perdidas. Para ello, se necesita contar con un “Plan de los Primeros Cien Días de Gobierno”, que enrumbe al país por una senda de desarrollo sostenible y equilibrado.
A renglón seguido, con base en mi experiencia de más de 35 años como funcionario público y consultor en políticas públicas, propongo algunos lineamientos como aporte para la elaboración de dicho plan, tomando como base los cuatro objetivos estratégicos hacia el 2021, trazados por el presidente Vizcarra en su discurso de asunción del mando: (1) reducir drásticamente la corrupción; (2) restituir la estabilidad institucional y la gobernabilidad; (3) lograr un crecimiento económico más equitativo y sostenible; (4) mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
Para reducir drásticamente la corrupción:
- Sustituir Invierte.pe por un SNIP mejorado, para que todo proyecto de inversión en infraestructura que aplique recursos o garantías del Estado esté sujeto a un debido proceso técnico de evaluación y priorización, que garantice su calidad y su costo beneficio.
- Prevenir el tráfico de influencias y el pago de favores, previniendo las puertas giratorias de funcionarios que pasan de la función privada a la pública y, a la inversa, de la pública a la privada en un abrir y cerrar de ojos, estableciendo claramente las incompatibilidades y las sanciones drásticas ante conflictos de intereses no informados oportunamente.
- Fortalecer la independencia de la fiscalía y las procuradurías respecto al poder ejecutivo.
- Fortalecer tecnológica y metodológicamente a la UIF, para ampliar su capacidad de seguimiento, investigación y determinación de daños en sectores económicos de alto riesgo.
- Autorizar la reorganización institucional del MEF y el MTC y realizar auditorías de gestión en ambos ministerios y en una muestra de gobiernos regionales y locales, a fin de identificar los principales mecanismos de corrupción y sus responsables.
- Aplicar la rotación de funcionarios en toda la administración pública, como práctica de prevención de colusiones.
- Introducir la responsabilización y sanción de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus militantes.
- Instituir códigos de ética pública de cumplimiento obligatorio, en cada unidad orgánica dentro del aparato estatal, que detalle las obligaciones y los impedimentos específicos, así como los principios y valores que deben regir la conducta de todo funcionario público.
- Prohibir el ingreso directo a puestos de alta responsabilidad del Estado a funcionarios de confianza de empresas que figuren entre los principales proveedores del Estado.
- Prohibir la contratación inmediata de ex funcionarios de alta responsabilidad del Estado y de sus familiares, por parte de las empresas que figuren entre los principales proveedores del Estado.
- Introducir la muerte civil para las personas condenadas por delitos de corrupción, de manera que no puedan acceder a un cargo público.
- Introducir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por autoridades elegidas por voto popular.
- Fortalecer el rol de control preventivo de la Contraloría General de la República.
- Obligar a todas las entidades públicas a publicar información completa acerca de sus gastos, contratos y compras.
- Potenciar la compra de bienes estandarizados, por la modalidad de subasta inversa.
- Automatizar el control de cumplimiento de los contratos y la liquidación de pagos a proveedores.
- Extender la aplicación de la modalidad de compras estatales por convenio marco, eliminando las compras directas a cargo de las entidades.
- Perú-Compras debe pasar a depender de PCM en lugar del MEF, aplicando el principio fundamental de la separación de funciones logísticas de aquellas presupuestarias y financieras.
- Establecer un sistema de gestión de las compras estatales sustentado en el enfoque de logro de objetivos, en lugar del enfoque del debido proceso, a cargo de especialistas que tengan una línea de carrera y una formación en dicho enfoque.
- Impulsar un plan de automatización de todos los trámites de la administración pública a través de una ventanilla única de trámites del Estado, involucrando la inter-operatividad entre todas las entidades públicas.
Para restituir la estabilidad institucional y la gobernabilidad:
- Instituir el financiamiento público de los partidos políticos e introducir mecanismos exigentes de transparencia del financiamiento privado.
- Eliminar el voto preferencial para congresistas, e instituir la obligatoriedad del voto secreto en elecciones abiertas dentro de los partidos políticos.
- Dar poder sancionador a la ONPE por actos de omisión y fraude en la información de los partidos políticos.
- Instituir una figura delictiva específica y responsabilidad penal por el mal manejo de las cuentas de los partidos.
- Implantar el financiamiento público directo de los partidos políticos y dar poder sancionador a la ONPE por actos de omisión y fraude en la información.
- Instituir una figura delictiva específica y responsabilidad penal por el mal manejo de las cuentas de los partidos.
- Prohibir los aportes de empresas a las campañas electorales, así como las donaciones en especie y en efectivo y los créditos en condiciones preferenciales o las condonaciones a los partidos u organismos vinculados.
- Implantar el mecanismo de la ‘curul vacía’, haciendo que el partido político pierda derecho a reemplazar al candidato condenado por delitos dolosos, e impidiendo postular a los condenados.
- Incorporar al Congreso de la República dentro del sistema de control a cargo de la Contraloría.
- Reforzar el rol articulador de la PCM (Secretaría de Coordinación), reincorporando a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y el Desarrollo Económico y Social del Huallaga y la comisión respectiva del VRAEM, pilares de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, bajo un enfoque de desarrollo territorial.
- Incorporar a dicha secretaría a la Comisión Nacional para el Desarrollo e Integración Fronteriza (CONADIF), cuyo ámbito de intervención son las provincias y distritos en zonas de frontera. Al estar presidida por la PCM, se podrá ejercer mayor autoridad ante los sectores intervinientes.
- Fusionar la Secretaria de Gestión y Dialogo de la PCM al Acuerdo Nacional, dado que éste involucra sus funciones.
- Fusionar la Secretaria de Gobierno Digital con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. (*)
- Reactivar el Consejo Nacional de Riesgos de Desastres.
- Fusionar la Secretaria de Descentralización y la de Demarcación y Organización Territorial, incorporándola al CEPLAN, para que se articulen al planeamiento estratégico nacional.
- Implementar el Sistema Nacional de Planificación (plan nacional, planes regionales y locales y planes sectoriales articulados), teniendo como órgano rector al CEPLAN, con rango ministerial y adscrito a la Presidencia de la República, teniendo como órgano supremo al Consejo de Ministros y como instancia de coordinación intergubernamental al Consejo de Gobernadores Regionales, presidido por el Presidente de la República.
- Cada gobernador a su vez presidirá un Consejo Regional integrado por los alcaldes provinciales y distritales de cada región.
- Fusionar el Vice Ministerio de Turismo al Ministerio de Cultura, para maximizar el aprovechamiento de las sinergias existentes entre ambos.
- Fusionar el Ministerio de la Producción con el Vice Ministerio de Comercio y con la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, creando un Ministerio de la Producción y Comercio fuerte y consistente, con la participación activa de funcionarios de carrera de Cancillería.
- Escindir la función promotora del turismo de PromPeru, recreando el Foptur, y fusionar la función promotora de las exportaciones de PromPerú con la función de promoción de la inversión privada (ProInversión), convirtiendo a PromPerú en una entidad especializada en la promoción de la inversión y las exportaciones.
- Adscribir el CONCYTEC al nuevo Ministerio de la Producción y Comercio.
- Escindir el Vice Ministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, para que se integre al nuevo Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos.
- Crear la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (Sunapes) para asumir la función de fiscalización y sanción que hoy recae en el Ministerio de la Producción, garantizando así la independencia y tecnicismo de esta función.
- Adscribir OSINFOR -que supervisa y fiscaliza títulos habilitantes sobre concesiones y permisos forestales- al Ministerio del Ambiente, para evitar su actual conflicto de intereses siendo dependiente del MINAGRI, ministerio que otorga concesiones.
- Fusionar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Evidentemente, detrás de cada uno de estos lineamientos hay una justificación técnica, que por razones de espacio debo dejar a la imaginación suya, amigo lector, y dar pie a su opinión y discusión constructiva. En mi próximo artículo proseguiré aportando lineamientos para lograr un crecimiento económico más equitativo y sostenible, y para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Hasta el próximo lunes.
(*) “Agradezco los valiosos aportes de Camilo Figueroa Moy, amplio conocedor de la problemática funcional de la PCM.”
