El estado libre asociado de EE.UU. pagó sólo US$628.000 de los US$58 millones que debía desembolsar este lunes a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP). «Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez de Puerto Rico y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores, y las obligaciones con el pueblo, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece», señaló en un comunicado Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Acosta Febo explicó que el pago no pudo hacerse debido a la falta de fondos asignados para el año fiscal en curso.
La incertidumbre se apodera ahora de la economía de Puerto Rico, ante la posibilidad de que se pueda llegar a un default completo. Por el momento, el Gobierno ha salido al paso a la opinión de la agencia Moodys y otros analistas, que quieren considerar este impago un default. El Ejecutivo considera que no se ajusta al término pues están pagando otros pasivos del país. Otras agencias de calificación aún no lo han considerado default.
En el mes de junio, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoció que la deuda de la isla es «impagable» y que hay que sacar a la nación de la «espiral mortal» en la que se encuentran sus finanzas públicas. La deuda total de Puerto Rico y sus agencias, asciende actualmente a 72.000 millones de dólares, o el 102% de su PIB.
El Gobierno puertorriqueño se ha visto obligado a aplicar numerosos recortes en gasto público, generando masivas manifestaciones por las malas condiciones económicas que atraviesa la isla, ya conocida como ‘la Grecia del Caribe’. A esta situación inestable se suma el hecho de que, al ser un Estado Libre Asociado, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota, ya que la ley de quiebra allí es anticonstitucional.