Mientras la clase política tradicional peruana alojada en el congreso se resiste a obedecer el mandato de un pueblo que reclama a gritos reformas políticas y judiciales, el escenario mundial se torna belicoso para todas las economías emergentes, particularmente para el Perú, haciendo más urgente que nunca la necesidad de tales reformas.
Los riesgos internacionales que afronta el Perú vienen subiendo en ascensor, mientras las reformas ni siquiera avanzan en escalera, sino que se postergan y se postergan por quienes le temen al cambio y a la verdadera justicia que hoy brilla por su ausencia.
Aun reconociendo las carencias del actual gobierno, hay que felicitar la visión y el valiente compromiso que ha asumido el presidente Vizcarra, al hacer suya la demanda reformista de las grandes mayorías de peruanos.
Es encomiable su iniciativa de realizar un referéndum para poder hacer una urgente reingeniería del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dedicado hasta aquí a la incubación de redes mafiosas de jueces coludidos con el poder político y empresarios mafiosos. Como también lo es introducir la bicameralidad en un congreso huérfano de capacidad reflexiva.
En cuanto a la no reelección de congresistas, ciertamente es un tema debatible, y la población tiene todo el derecho de participar en ese debate. Si los que sostienen que de aprobarse la no reelección el congreso se caería a pedazos, seguramente convencerán a los votantes de ello. Sería interesante preguntarles a ellos mismos qué cambios harían en el funcionamiento de sus propios partidos, en caso de que la no reelección fuera un rotundo éxito en las urnas. Seguramente tendrían que crear una escuela de congresistas y preocuparse de atraer a los peruanos más destacados a sus filas, para evitar que el vaticinio de esa debacle del congreso ocurra en la práctica. Quizás entonces esta nueva institución se pueda convertir en la piedra de toque de un salto cualitativo en los partidos políticos, que hoy funcionan como coto cerrado, con caudillos adueñados del partido, en lugar de líderes formadores de cuadros capaces.
En consonancia, se requeriría reformar el funcionamiento del congreso, conformando un solo cuerpo de asesores de altísimo nivel técnico, seleccionados por concurso de méritos a cargo de SERVIR, que no dependan de cada bancada ni, menos aún, de cada congresista.
En cualquier caso, la consulta podría contemplar tres opciones: no reelección, reelección sólo una vez y reelección sólo dos veces. Complementariamente, deberían hacerse más exigentes los requisitos educativos y de experiencia profesional para quienes aspiren llegar al Congreso, además de la adopción de listas cerradas con elecciones abiertas y voto secreto dentro de los partidos.
Quizás se pueda mejorar los términos jurídicos y precisar el alcance del proyecto de referéndum presentado por el ejecutivo, pero de ahí a tratar de satanizarlo acusándolo de ‘populismo’, no sólo es un contrasentido político, sino que no resiste el más mínimo rigor científico. El verdadero populismo en América Latina se caracteriza por la dilapidación de los recursos públicos para festinarlos en dádivas económicas sin sustentabilidad a mediano y largo plazo. Y esto no viene ocurriendo en el gobierno de Vizcarra; felizmente.
La iniciativa de cambio institucional que impulsa Vizcarra en nada se parece al populismo que viene padeciendo Venezuela, o el que condujo a Brasil a una crisis recesiva y moral sin precedentes, por obra y gracia de Lula y Dilma Rouseff, o el de la corruptela saqueadora paternalista de Cristina Fernández en Argentina, o el populismo macroeconómico del propio Alan García en el Perú de los 80’s.
Urge entonces llevar a cabo el referéndum en diciembre, aprovechando la segunda vuelta electoral de los comicios regionales y municipales. Tiempo suficiente hay para convocar a los mejores expertos del medio y, con su aporte, aprobar el referéndum.
Si la clase política tradicional persiste en su renuencia a escuchar la voz del pueblo, a Vizcarra no le quedará más opción que solicitar un voto de confianza al congreso o convocar a través de consulta popular a una Asamblea Constituyente, para que se aboque a realizar una reforma institucional integral reflejada en una nueva Carta Magna, de paso que asume las funciones congresales.
De no ser así, la pérdida de competitividad de Perú será calamitosa, a la luz de los crecientes riesgos que deberá afrontar el Perú próximamente. Entre ellos destaca la creciente probabilidad de que se produzca un ‘aterrizaje económico abrupto’ de China; un mercado de destino del que depende más de la mitad de nuestras exportaciones de minerales y más de una cuarta parte de nuestras exportaciones totales. De hecho, tanto la producción como la inversión fija del sector industrial vienen dando muestras de estarse desacelerando.
Otro riesgo deriva de la perspectiva de que el yuan continúe depreciándose frente al dólar, dentro de una senda de mini devaluaciones, cabalgando con posibilidad de llegar a cruzar la barrera histórica de 7 yuanes por dólar hacia fines de año.
En este contexto, cabe esperar una mayor aversión al riesgo en lo que queda de 2018 y 2019, perjudicial para las economías emergentes, en tanto los capitales tenderán a refugiarse en activos denominados en dólares, reforzando la presión apreciadora del dólar.
A ello se suma la abrupta depreciación de la lira turca y su proceso de ajuste macroeconómico pendiente, con el consiguiente peligro de contagio a las economías emergentes.
También afectará al Perú el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, que podría transmitirse al mercado de capitales y bancario del Perú, generando presión sobre la cadena de pagos de las empresas.
Contrariamente a las acusaciones de Trump, el yuan no viene siendo utilizado por el gobierno chino como un arma más dentro de la guerra comercial por él promovida. Más que impulsar la devaluación, lo que el Banco Popular de China viene haciendo es suavizar la presión del mercado, derivada de las expectativas comerciales negativas desatadas por las amenazas proteccionistas lanzadas por Trump, reforzadas por el debilitamiento del crecimiento de su economía debido al mayúsculo sobre endeudamiento de las empresas, el gobierno y las familias chinas, que se refleja en un mercado inmobiliario muy caliente y grandes pérdidas en mega proyectos de inversión emprendidos por el gobierno dentro y fuera del país.
La idea de que el yuan está respaldado por el oro no tiene asidero, dado que sus reservas de oro equivalen apenas al 0,25% de la liquidez de China. Cabe señalar que el gobierno chino pone restricciones a la compra de yuanes por parte de los inversionistas extranjeros, por lo cual su cotización no es libre ni se trata de una moneda convertible, aun cuando el gobierno chino ha estado enfrascado en hacer méritos para que su moneda llegue a esa condición.
A la larga la pérdida de valor del yuan podría llegar a mellar la competitividad de la economía china. Dado el elevado endeudamiento de los hogares y empresas chinas, la depreciación del yuan reducirá el poder adquisitivo de los ingresos de la población y, por ende, su capacidad de pago de los préstamos.
Por el momento la prioridad número uno del gobierno chino es evitar que la burbuja inmobiliaria estalle, lo que desencadenaría una recesión constructiva de viviendas, lo que precipitaría un aterrizaje abrupto de la economía china y afectaría severamente la economía mundial.
Por ello, los jerarcas chinos vienen buscando lograr una suerte de equilibrio entre su necesidad de ‘desapalancar’ su banca, y su preocupación por prevenir una eventual eclosión de la burbuja inmobiliaria y de la cadena de pagos, adoptando un sesgo expansivo en su política monetaria. Este objetivo doble, sin embargo, es complicado de alcanzarse, ante la guerra comercial que ha desatado Trump con la puntería puesta en China.
De hecho, el ingreso disponible de los hogares viene disminuyendo, mientras que la inflación reportada oficialmente pareciera estar subestimada y tiende a acelerarse por efecto de la depreciación del yuan.
Si ante la presión proteccionista de Estados Unidos, el Banco Popular Chino continuara relajando su control de la expansión del crédito, con un gobierno que ha venido alentando el financiamiento de proyectos de alto riesgo dentro y fuera de las fronteras de China, entraríamos rápidamente a un escenario de elevada inestabilidad.
El Perú debe estar preparado para esta eventualidad, formulando un Plan Económico de Contingencia, acompañando las reformas institucionales que Vizcarra ha puesto sobre el tapete, con el fin de fortalecer la confianza y la capacidad de resiliencia de nuestro país ante una nueva crisis mundial.
En buena hora que estas reformas sean populares y sintonicen con las aspiraciones de la población. Que la población se muestre masivamente a favor de reformas institucionales imprescindibles, es una muestra de madurez cívica y no de populismo, y es una oportunidad para hacer un giro histórico que no debemos dejar escapar.
