La discusión sobre el retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Perú ha sido un tema de gran relevancia y debate en el contexto socioeconómico del país. La Comisión de Economía del Congreso de la República ha acumulado hasta 14 proyectos de ley que exploran la posibilidad de una nueva liberación de fondos para los aportantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), a pesar de las discrepancias y preocupaciones expresadas por diversas entidades técnicas respecto a este mecanismo de otorgamiento de liquidez. Este escenario se plantea en un contexto donde las decisiones sobre los fondos de pensiones no solo tienen implicancias en la economía nacional, sino también en la seguridad financiera futura de los ciudadanos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú, representado por su titular Alex Contreras, ha expresado preocupaciones significativas respecto a los retiros de los fondos de AFP. Según las cifras presentadas, un nuevo retiro de fondos, que sería el séptimo desde el año 2020, implicaría una pérdida de S/ 30,000 millones, representando una caída del 26% del total administrado por el SPP. De este monto, el 69%, equivalente a S/ 20,700 millones, iría a personas con una densidad de cotización entre 75% y 100%. Esto indica que la mayoría de los beneficiarios de estos retiros son individuos que están trabajando la mayor parte del año, no están desempleados y, por ende, están generando ingresos y contribuyendo a su fondo de pensiones.
La situación actual plantea un dilema significativo en cuanto a la gestión de los fondos de pensiones y la seguridad financiera de los ciudadanos a largo plazo. Hasta la fecha, se han extraído más de S/ 87,937 millones del patrimonio administrado por las AFP, afectando al 70% de los afiliados, que se traduce en más de 6 millones de los 9 millones de aportantes. Además, 2.3 millones de afiliados se han quedado con su cuenta en S/ 0, y con un eventual séptimo retiro de fondos, 1.3 millones de aportantes adicionales correrían el riesgo de quedarse sin pensión, elevando el número total a 3.6 millones de afiliados en esta situación. Este escenario plantea preguntas críticas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad de explorar alternativas y soluciones que equilibren las necesidades inmediatas de liquidez con la seguridad financiera a largo plazo.