En su breve período de haber asumido el cargo, el ministro de economía, David Tuesta, ha dejado entrever que su gestión tendrá dos objetivos prioritarios. Uno orientado a elevar la eficiencia del gasto público y la recaudación de impuestos, y el otro encaminado a elevar la inversión pública y privada y la productividad. De esta manera se aspira a lograr en simultáneo reducir el creciente déficit fiscal, el desempleo formal y el subempleo.
Hasta aquí Tuesta ha sido más explícito acerca de cómo piensa alcanzar el primero de los dos objetivos señalados, y respecto al segundo ha señalado que anunciará un plan en las próximas semanas. Centrémonos entonces por ahora en el objetivo de elevación de la eficiencia del gasto público y la recaudación de impuestos.
El anuncio más sonoro en este sentido ha sido que el gobierno reducirá el gasto corriente superfluo, eliminará las exoneraciones tributarias y reducirá la evasión y la elusión tributaria. La idea es liberar recursos para aplicarlos a dinamizar la inversión pública de manera sostenible, generando un viraje en la peligrosa tendencia creciente que ha venido mostrando el déficit fiscal.
Se trata de una senda deseable, que encontrará fuertes resistencias dentro y fuera del aparato estatal, ya expresadas en cantos de sirena contra el posible recorte de los contratos CAS, con los cuales los últimos gobiernos repletaron el aparato estatal de decenas de miles de militantes, amigotes, familiares y entenados, sin pasar por un proceso de selección serio y cumplir con competencias mínimas para la carrera pública.
Estos contratos han crecido de 148 mil trabajadores en 2011 a alrededor de 280 mil en 2017; o sea, virtualmente se han duplicado durante los gobiernos de Humala y PPK, en un entorno laboral en el que coexisten 15 regímenes de contratación de servidores públicos, sujetos a diversas condiciones de ingreso, estabilidad, despido, derechos y obligaciones. Un zafarrancho absoluto que es también fuente de ineficiencia, baja productividad, malestar y corrupción.
Excluyendo a los regímenes especiales (diplomáticos, profesores, fuerzas armadas y policiales, y otros), la contratación CAS representa alrededor del 40% de la planilla pública; un porcentaje que debe reducirse sí o sí, para poder asignar más recursos a reforzar la carrera pública. En tal sentido, un reto crucial es implementar la Ley de Servicio Civil, aprobada en 2013, que promueve la contratación de servidores públicos competentes.
Para evitar resultados meramente cosméticos en cuanto a eficiencia del gasto público, Tuesta deberá consolidar su estrategia con un enfoque de reforma del Estado. Pues, no se trata tan sólo de soles de más o de menos aplicados a gastos superfluos, o de cortar contratos CAS por el simple prurito de tener que cortar.
A veces el pernil de gasto indeseable viene camuflado en un programa rimbombante de ‘inclusión social’ que no elimina un solo pobre extremo de manera sostenible, o de un fondo de ‘reforestación’ que no planta un solo árbol maderable. En principio, no debería asignarse recursos fiscales a programas sin objetivos claros y que no hayan demostrado haber tenido impacto.
En cuanto al gasto en consultoría, hay que distinguir las consultorías que son indispensables para transferir know-how, contar con asistencia técnica y resolver problemas prioritarios, de aquellas otras que son prescindibles y de baja calidad. Gran parte de los más de S/ 10 mil millones al año que el Estado ha venido gastando han sido consultorías vinculadas a operaciones fraudulentas del Club de las Constructoras, en las que hubo colusión entre funcionarios y empresas consultoras. También hay que reconocer que hay muchas consultorías que resultan siendo de baja calidad debido a que los términos de referencia de contratación son deficientes.
En buena cuenta, hay que saber dónde cortar. Lo primordial es lograr la elevación de la eficiencia del gasto público, y para ello se requiere definir con toda claridad cuáles deben ser las prioridades del Estado, y de qué manera se debe reorganizar los recursos para poder alcanzar objetivos concretos. Ello supone un Estado planificador, previsor y eficiente, que tenga músculo donde lo necesite, pero que no tenga grasa.
¿Se justifica contar con 18 ministerios para poder cumplir con los roles fundamentales del Estado? ¿Necesita el Estado los 1,5 millones de empleados públicos actuales que representan alrededor de 10% de la PEA? Son preguntas cruciales que este gobierno debería responderse a sí mismo y al país.
Contrariamente a la imagen de un gobierno débil, sin mayor presencia en el Congreso y que por eso debe optar por ‘no hacer muchas olas’ para poder sobrevivir libre de críticas, estamos ante una especie de régimen intermedio, liderado por un político provinciano que no está en las antípodas de ninguna de las alas políticas de izquierda y derecha confrontadas históricamente.
Un régimen así podría aprovechar su posición intermedia, para acumular fuerzas ganándose a la opinión pública con reformas profundas que disciplinen tanto a la burocracia rentista como al empresariado mercantilista. La mayoría de peruanos está harta de pagar impuestos para engordar a un Estado elefante y cebar a una burocracia inepta, mientras el país va por inercia sobre una senda de crecimiento mediocre e inequitativa. He aquí una fuente poderosa de legitimidad política.
