La agencia Standard & Poor’s bajó a negativa desde estable la perspectiva para la calificación soberana ‘BBB’ de Uruguay, por el riesgo de que la economía se debilite más de lo esperado en un contexto de recesión regional y se deteriore aún más la ajustada posición fiscal del país.
S&P espera ahora que Uruguay, cuya calificación la agencia mantuvo en el primer escalón de tres en grado de inversión, crezca un 0, 7% este año y un 1, 5% el próximo. La economía del país sudamericano avanzó un 1% en el 2015 y el Gobierno estima que se expandirá un 0, 5% en el 2016 y un 1% en el 2017.
“La perspectiva negativa refleja el riesgo de que la economía podría debilitarse más respecto a nuestras actuales expectativas y que el ingreso per cápita en dólares podría seguir disminuyendo, lo que pesaría en los ingresos de Uruguay y el ajuste fiscal planeado por el Gobierno”, manifiesta el documento. Cabe resaltar que una perspectiva negativa supone que la calificación podría bajar en los próximos dos años.
Uruguay anunció recientemente un plan de recorte de gastos públicos por unos US$ 150 millones y un incremento de los impuestos a la renta personal y de las ganancias empresariales por otros US$ 350 millones, para reducir el déficit fiscal a un 2, 5% del PBI para el 2019. Al respecto, el resultado fiscal de los últimos 12 meses fue negativo en 4% en abril, el dato más alto desde el 2003.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno resaltó la mantención del grado de inversión por parte del país en un contexto regional de deterioro de las calificaciones y perspectivas. “Las fortalezas construidas en los últimos años, conjuntamente con la mejora esperada del resultado fiscal derivada de la aplicación de las medidas de consolidación y la reducción de la inflación, permitirán que en los próximos años la economía uruguaya continúe creciendo”, dijo el MEF.
El alza sostenido de los precios es otro de los elementos que preocupa a la agencia calificadora, que señaló las limitaciones que experimenta la política monetaria contractiva aplicada por el Banco Central, en un escenario de depreciación del peso uruguayo ante el dólar.
Por otro lado, Uruguay alcanzó en mayo una inflación anual del 11%, la más alta en 13 años, muy lejos del rango meta oficial de entre el 3% y el 7%.