Cuando usted lea este articulo es posible que en el internet se estén publicando más de 10.000 documentos y datos sobre el cambio climático y sus efectos e impactos en la vida de las personas, la naturaleza y la economía, así como se estén organizando y ejecutando congresos, fórum, seminarios, cursos y webinars que también, se pueden contar por miles. Y es que los efectos e impactos del calentamiento global que hoy llega hasta las personas de a pie, ha sensibilizado a tirios y troyanos.
Frente a la problemática derivada del cambio climático, los gobiernos de los países signatarios del Acuerdo de Paris vienen impulsando estrategias y planes, programas y proyectos (PPP) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los objetivos y metas asumidos voluntariamente a través de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).
La constante de toda esta movilización de acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático es el financiamiento que se requiere para implementar todas esas acciones. La ONU estima que las necesidades anuales de financiamiento para adaptación oscilan entre US$160.000 millones y US$340.000 millones para el final de esta década, y hasta US$565.000 millones para el 2050.
Y es que, en la COP27 de noviembre último, el financiamiento fue uno de los temas trascendentes que se acordó resolver sin tregua alguna si se quiere alcanzar los objetivos de limitar el nivel de calentamiento global por debajo de 1,5% °C por encima de los niveles preindustriales hacia el 2050. En dicha COP también se acordó asignar a los países vulnerables duramente afectados por los desastres climáticos recursos financieros por «pérdidas y daños».
En este contexto de necesidades de movilización de flujos de financiamiento para reducir los impactos del cambio climático, los países vienen formulando sendas estrategias nacionales de financiamiento climático, a fin de contar con instrumentos de gobernanza climática construidos de manera participativa que ayuden a identificar las brechas de financiamiento para cumplir con las metas climáticas establecidas en sus NDC, para mejorar la gestión de los recursos disponibles, y así propiciar la movilización de flujos adicionales.
Sin embargo, en todo este tiempo hemos podido advertir que el problema central que hoy “entrampa” la implementación de las estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático no sólo es el financiamiento, sino que, más grave aún, son las reducidas capacidades para formular proyectos que contribuyan a reducir efectivamente el impacto del cambio climático. Es decir, que generen “adicionalidad” que pueda ser acreditada por un estándar de certificación internacional.
La “adicionalidad” se da cuando los resultados de un proyecto de mitigación generan un aporte en reducción de emisiones o aumento de remociones antrópicas, que no hubiese sucedido sin la implementación de las actividades de dicho proyecto y que estos resultados se dieron gracias a la intervención de un instrumento financiero como lo es el mercado de carbono (regulado o voluntario).
Gracias a la” adicionalidad” los resultados de mitigación de los proyectos que son «adicionales» al escenario de referencia representan un beneficio neto para la atmósfera. Sin el requisito de «adicionalidad», no hay ninguna garantía de que las actividades de reducción de emisiones vayan a traducirse en una reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) antrópicos en la atmósfera o un incremento en el carbono almacenado en los reservorios.
Por ejemplo, para determinar la “adicionalidad” en los proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en el marco de los mecanismos del Protocolo de Kioto, se han elaborado y difundido guías, directrices y manuales que explican y soportan cómo probar la adicionalidad y los aspectos a tener en cuenta. Como quiera que los MDL se han aplicado mayormente a proyectos forestales, son éstos los que han accedido a mayor financiamiento, lo que no ha ocurrido con los proyectos ecoeficientes en las cadenas de valor de las empresas, cuya finalidad central es reducir sus huellas de carbono.
Esa ventaja de los proyectos forestales ha permitido que se puedan formular con éxito proyectos sobre restauración y conservación de humedales, para mejorar las condiciones ambientales de humedales e incrementar la cobertura de manglar y posibilidad de generar certificados de carbono. También se han formulado proyectos de restauración forestal con la finalidad de conservar áreas forestales que contribuyan a mantener el almacenamiento de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de una mejor gestión forestal en áreas de uso común.
Asimismo, se han formulado, sobre todo en buen número, proyectos basados en el mecanismo de REDD que buscan contabilizar el carbono que se evita, no el carbono mismo que se incrementa (captura) por la reforestación o restauración, lo que ha implicado utilizar una metodología mucho más amplia que comprende actividades adicionales a las que estrictamente se requieren para un proyecto de captura de carbono.
De la misma manera, se han formulado proyectos para implementar sistemas silvopastoriles como una forma de ganadería en semi confinamiento, que combinan el ganado, pastos y árboles y/o arbustos, en un sistema de manejo integral que permite beneficios económicos y ambientales combinados. Se han complementado con proyectos sobre manejo forestal mejorado para mantener la salud de los árboles, incremento de las edades de rotación y promover la regeneración natural del bosque para la fijación y captura de carbono.
Sin embargo, en proyectos soportados en mecanismos distintos al MDL o similares de orientación forestal, generar “adicionalidad” tampoco ha sido una nebulosa, porque los organismos independientes de certificación han publicado sus estándares de certificación para diversos tipos de proyectos en los que se puede probar “adicionalidad”, lo que en la práctica ha servido de guía para conceptualizar, determinar, medir y acreditar una “adicionalidad”. Pese a ello, la baja capacidad para formular proyectos bajo esta guía sigue siendo el “Talón de Aquiles”. En tanto se supere esta limitación, no se podrá contar con proyectos que tengan bancabilidad. Es decir, que sean atractivos para las fuentes de financiamiento que tienen como tesis de financiamiento proyectos que generen beneficios que brindan a la comunidad, el clima y la biodiversidad de manera integrada y sostenible.
