Según el proyecto de ley enviado al Congreso, que forma parte del paquete de medidas económicas, busca que el gobierno central sea el que regule la solicitud de evaluación de los estudios de impacto vial para edificaciones a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Regulación y Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. De esta manera, se evitará vacíos legales y dispersión de regulaciones en los gobiernos locales.
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