La mayoría de instituciones de Perú ha reaccionado para enfrentar la crisis pandémica. El tesoro público, el banco central de reserva, los distintos ministerios, los municipios, la contraloría general de la república, la superintendencia de banca y seguros, el congreso, son algunas de las instituciones que han implementado políticas audaces acordes con la emergencia que estamos viviendo.
También los trabajadores urbanos, formales e informales, así como los trabajadores del campo que en estos 34 días de cuarentena han abastecido continuamente las despensas de mercados y supermercados a nivel nacional, han puesto su hombro para enfrentar la crisis.
Todos los agentes económicos se han mojado (tanto instituciones privadas y públicas como ciudadanos) para poder sobrellevar estos días de cuarentena. También los bancos y las grandes empresas han hecho lo propio, aunque la percepción favorable de un gran aporte por parte de ellos ha sido mínima.
Contextualicemos la situación. En una situación de ‘pandenomics’ (economía de pandemia) tanto la oferta como la demanda sufren los estragos de la paralización total de la economía. El decreto desde el gobierno de reducir la actividad económica a sólo producir bienes esenciales genera una paralización parcial del aparato productivo, lo que origina, a su vez, que productos fuera de estos sectores presenten ligeros signos de escasez en relación a los productos de otros sectores.
Al no poder, por ejemplo, realizar vuelos una aerolínea o no poder prestar el servicios audivisuales una cadena de cines, por no producir ‘bienes’ esenciales, no tienen ingresos, con lo que se les hace difícil poder pagar a sus trabajadores por algo que no producen. Este es un drama real que, por lo menos, desde hace dos semanas tiene a las patronales, sindicatos y al Gobierno en vilo. La preocupación del Gobierno es que ello no afecte, por un lado, la solvencia de las empresas, y por el otro, la demanda agregada de la economía que resulta del pago de los salarios en la economía formal.
La solución a dicho problema se dio este lunes 14 de abril, con la famosa ‘suspensión perfecta de labores’, figura legal que permite a las empresas suspender por tres meses el pago de tus salarios, con la condición de no despedirte. Ello permitiría que las empresas preserven el capital humano que han formado año tras año en sus trabajadores, así como a los trabajadores preservar su puesto de trabajo y no estar desamparados luego de que se termine el período de contención de la crisis (período de tres meses, Gobierno dixit).
Esta figura por lo menos ha sido la salvación para enfrentar un problema de liquidez de las empresas que no pueden resolver al no producir, ni vender los productos que habitualmente elaboran (algunas empresas han tenido que cambiar rápidamente sus rubros de producción para poder cumplir las órdenes del Gobierno de producir, en este período de cuarentena, de sólo productos esenciales).
El problema aquí radica en los tres meses de paro de facto que tendrán que asumir los trabajadores formales del país, en los que no recibirán salario para afrontar la crisis pandémica.
Es cierto que, en un período de cuarentena los gastos se reducen a alimentación, salud y educación en un hogar constituido, por ejemplo, por mamá, papá e hijos. Con lo que otros gastos no son necesarios para afrontar este período. Sin embargo, estar sin paga por tres meses es algo muy desafiante.
El gobierno, por ello ha decretado la liberación de S/ 2,000 del fondo de pensiones privados por única vez para los trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta de labores. También ha permitido que se retire por cada mes que dure la suspensión perfecta
el monto de una remuneración bruta a cuenta de su CTS, que en el Perú funge como un seguro de desempleo que cotiza individualmente cada trabajador por cuenta de su empleador.
Podrán entonces ‘campear’ la crisis, en teoría, los trabajadores y las empresas formales del país, en estos tres meses de contención de la epidemia.
A partir de allí, se espera que las políticas implementadas desde el Tesoro Público, el Banco Central y COFIDE con el objeto de dotar de liquidez a las empresas formales para que reinicien su actividad productiva, se viabilicen de forma oportuna y amplia, cubriendo tanto SME (small and medium-sizes Enterprises) como empresas grandes.
El diseño, aunque abrupto en estos días dramáticos de implementación, está estructurado en buena medida para que la economía comience a andar sobre rieles ni bien termine la cuarentena impuesta por el Gobierno (aunque sólo parcialmente).
No obstante, en todas las medidas implementadas para preservar la eficiencia del aparto productivo peruano, se escapa un tema relevante que aún no se ha tocado. Y que en realidad enhebra toda la dinámica económica del país. Este tema es el redistributivo.
Sucede que existe la percepción que los trabajadores ponen sus CTS, sus aportes a las AFP y las empresas aparentemente no aportan algún paliativo que compense este paro de sus trabajadores. De hecho, para ser justos se tiene que relativizar un poco ello, porque la CTS está a cuenta del empleador que paga cada seis meses un salario para que su trabajador (ex-trabajador) pueda sobrellevar los meses de paro. Y la norma, establece que si el trabajador no tuviese ‘ahorros’ en su cuenta CTS, tendrá que recibir el salario de gratificación adelantado del mes de julio.
Se podría argumentar también que esos ingresos son consecuencia de la productividad del trabajador; sin embargo, esta observación tendría que relativizarse porque la productividad del trabajador, sólo podrá ser actualizada si la empresa donde se emplea persiste. Y ese es el sentido de dar la ‘suspensión perfecta laboral’ en estas circunstancias.
Por otra parte, lo que sí es necesario que se preserve es el ‘valor de reserva’ del trabajador. Que el trabajador tenga el suficiente colchón para poder negociar luego de potenciales despidos con futuros empleadores a la hora de recolocarse. Hay que considerar pues que algunos sectores tales como Turismo o Servicios que involucre aglomeración de personas, van a demorar en reactivarse, con lo que la posibilidad de recolocación se torna plausible. A la luz entonces de preservar ese ‘valor de reserva’ que tiene el trabajador de emplearse, se le debe permitir liberar sus ahorros pensionables en la etapa de la recuperación económica. Es por ello, que, desde un punto de vista de eficiencia económica, la autógrafa de ley presentada por el Congreso no es del todo descabellada (el trabajador podrá liberar hasta el 25 por ciento de su fondo o hasta las 3 UITs, (S/ 12,600, el valor más bajo).
Es así que, desde el punto de vista de la eficiencia económica, las medidas que se han tomado tienen racionalidad económica y están apuntando a preservar la manutención de las empresas en el largo plazo así como la manutención de las familias de los trabajadores en el corto plazo.
Ahora bien, es bueno entender la dinámica redistributiva que este fenómeno de pandemia puede representar como desafío de política.
Cuando un shock tan potente como la paralización cuasi total de la economía acontece, la economía macroeconómicamente se va ajustando, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de trabajo. Algunos sectores, al observar una caída de la demanda agregada, ajustan su estructura de costos despidiendo trabajadores, otros lo hacen reduciendo los precios de venta. Empresas que están cerca de su precio de monopolio (empresas consolidadas en sus respectivas industrias y que ejercen poder de monopolio u oligopolio) no tienen incentivos a bajar los precios de sus productos, dado que les ha costado llegar al precio con los que venden ni tampoco incentivos para sacrificar el ‘share’ del mercado que a la fecha ostentan. Empresas que básicamente se rigen por la ley de la oferta y la demanda (generalmente son pequeñas y microempresas, no especializadas, de bajo valor agregado), se ajustan reduciendo los precios.
Las primeras empresas pueden inclusive tentar mantenerse a flote preservando el mínimo de personas empleadas pero manteniendo los márgenes que anteriormente usufructuaba (bajan su costo operativo, dada la menor demanda). Las segundas tienen necesariamente que bajar sus precios, porque si no lo hacen, terminan no vendiendo. Esto finaliza con un efecto redistributivo entre ellas, desde las pequeñas y medianas empresas (SMEs) hacia las grandes empresas, dado que ambas no enfrentan igual la crisis de pandemia.
Y allí justamente viene la percepción de la sociedad de que las grandes empresas no se mojan en un entorno extremo de crisis. Esta percepción se podría agravar si luego de la implementación de las subastas inversas por parte del banco central, los bancos que terminen otorgando los créditos cobren tasas onerosas para las pequeñas y medianas empresas y privilegien la dinámica de empresas ya consolidades (y en algunos casos, empresas consolidadas pertenecientes al mismo holding del banco habilitante de liquidez).
Esta percepción es muy peligrosa, porque el balance de los ajustes que cada actor económico y político está haciendo para sacar al país adelante, lo realiza la población día a día, viendo cómo la parte más débil de la cadena de valor, se sacrifica en la resolución de la pandemia y los grandes conglomerados, tratando de pescar a río revuelto, no desaprovechan ninguna oportunidad para sacar ventaja de la situación y consolidarse aún más económicamente.
Está en manos de los grandes bancos y los conglomerados que esa percepción no se consolide y no presenten pérdidas reputacionales graves que amenacen su giro de negocio y su viabilidad económica post-pandemia.
Es menester por otro lado, que el Gobierno tenga presente esta dinámica redistributiva que se reactivaría si los esfuerzos de política económica no llegan a los sectores más vulnerables de la población y se agrave la brecha distributiva que lamentablemente el país aún presenta.
