OCDE recomendó que gobiernos regionales articulen el desarrollo económico

La OCDE recomendó la coordinación a través de los tres niveles de gobierno, pero el rol más importante lo tienen los gobiernos regionales.

La distribución de recursos fraccionada al interior del país no permite la coordinación territorial entre los tres niveles de gobierno para llevar a cabo proyectos de mayor importancia, comentó Víctor Vargas Espejo, director del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. En esa relación, ¿Qué lugar ocupan los gobiernos regionales?

Prueba de lo antepuesto es que el ratio de inversión pública a PBI se encuentra cerca de 6%, uno de los más altos entre los miembros OCDE, comenta Vargas. “La pregunta al final del día es ¿Y dónde está esa inversión? La OCDE concluye que el problema del Perú es que tiene una inversión pública fragmentada”, amplía.

“Es necesario identificar proyectos que estén más vinculados a las estrategias de desarrollo de los gobiernos regionales y canalizar la inversión pública hacia esos recursos”, señaló. Esto incluye al canon, cuya comercialización no tiene impacto en el progreso de regiones.

“Es necesario que esos recursos no se estén fragmentando tanto en distribución en tantas localidades sino que contribuyan a proyectos de inversión que tengan impacto en el desarrollo de las regiones”, añadió.

La falta de concertación de políticas impide un enfoque de gobernanza a todos los niveles. “La OCDE recomienda que el actor clave vienen a ser los gobiernos regionales. Canaliza políticas nacionales y a la vez recibe e internaliza las demandas de las localidades”, comentó Víctor Vargas.

Vargas marca que para mejorar estas condiciones aún está aplazado el fortalecimiento de capacidades institucionales de gobiernos regionales. Estos deben mejorar sus capacidades para mejorar la articulación de planes de desarrollo, de presupuesto y proyectos de inversión pública.

La identificación de proyectos de infraestructura con impacto en el desarrollo del país es el más grande desafío. “No es un tema de que los proyectos tengan un impacto social”, como sucedía con el SNIP, que analiza la rentabilidad social.

“Falta un componente más, que es mirar cómo estos proyectos están contribuyendo a la estrategia de desarrollo del territorio”, concluyó.

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