Es curioso lo que le ocurre al gobierno de PPK. Por un lado resulta reconfortante que el Presidente y su gabinete tengan claridad respecto de las trabas que limitan el desarrollo económico del país, tales como la elevada informalidad, la excesiva concentración de los mercados, entre otras; pero por otro es incomprensible que para solucionar dichas trabas recurran a recetas contraproducentes tales como la reducción del IGV, la creación de un nuevo régimen tributario para las MYPES y recientemente la idea de incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el corto plazo.
Como en su momento lo mencionamos tras el último incremento de la RMV realizado en el 2016 durante el gobierno de Humala, en los países con tradición de fijación de salarios mínimos, se justifican las elevaciones del “piso” remunerativo cuando ocurren los siguientes eventos: (1) la inflación socava el poder adquisitivo de largo plazo de la población de menores recursos, y/o (2) el rendimiento de las actividades económicas de baja productividad laboral crece de manera vigorosa y sostenida.
Es claro que con el repunte de la inflación la RMV ha disminuido progresivamente su poder adquisitivo, pero si se le evalúa en el largo plazo, la RMV no ha retrocedido, sino más bien ha crecido en términos reales a un ritmo anual del 2% en el lapso entre 2006 y 2016. En tanto, en el segundo caso, desde el 2006 la productividad laboral de los sectores con personal de baja productividad (agricultura, comercio y servicios de restaurantes y hoteles) apenas ha crecido a una tasa de 0,8% promedio anual.
De aprobarse la propuesta, el segmento más impactado sería el de las empresas formales con demanda laboral concentrada en grupos con alta sensibilidad a las variaciones del salario mínimo, tales como jóvenes, trabajadores sin experiencia y empleados de actividades económicas de menor productividad laboral.
Al incrementarse los costos laborales, la demanda por estos tipos de trabajadores se fragmentará en dos: la demanda laboral de empresas que podrán trasladar el incremento de costos a los precios de sus mercancías (pues sus productos detentan demandas inelásticas) y la demanda laboral de empresas a las que les será imposible aumentar sus precios (demandas muy elásticas).
En el segundo segmento se hallan principalmente las empresas formales con demandas laborales de entre 2 y 10 trabajadores, es decir las microempresas, unidades económicas con estructuras de costo tan frágiles que cada incremento inesperado en el costo de sus insumos desata una batalla por la supervivencia. En el Perú las microempresas formales apenas dan trabajo a 546 mil personas, es decir el 3,5% de la PEA ocupada, mientras que las microempresas informales brindan empleo a 2,9 millones personas (18,4% de la PEA ocupada).
La evidencia empírica nacional e internacional indica que en mercados laborales dominados por la informalidad (72,8% de la PEA ocupada nacional es informal), los incrementos en la RMV que no están alineados con ganancias de productividad, generan en el corto plazo desplazamientos forzosos de la demanda formal hacia territorios de la demanda informal, produciendo una considerable merma en la calidad del empleo, pérdida de derechos laborales, disminución en los ingresos y, a la larga, pobreza.
En un contexto de desaceleración económica, nulo crecimiento del empleo urbano, estancamiento del crédito y retroceso de las expectativas empresariales, el incremento de la RMV no estaría en sintonía con los objetivos de reducción de la informalidad laboral. Esperemos que el gobierno reflexione y archive la propuesta.
